Opinion | 06 Ene La participación de una empresa sanducera en la instalación de sensores para detectar la fuerza y estudiar el régimen de vientos a efectos de determinar los mejores lugares para montar parques eólicos en el Uruguay, da la pauta de las posibilidades que ofrece esa energía alternativa, al ser atractiva para la inversión extranjera, en este caso por un valor estimado en 180 millones de dólares.
Las regiones sur y sureste del país son aquellas donde este recurso ofrece las mejores perspectivas e implica no solo un aporte a la matriz energética para reducir la dependencia y la vulnerabilidad uruguayas, sino también un incremento de la capacidad de generación para períodos críticos de demanda, teniendo en cuenta que ésta ha crecido en los últimos años por encima de la capacidad instalada.
En nuestro país se han dado circunstancias que han retrasado sensiblemente la reconversión energética, y lo que es peor, a falta de políticas de Estado que trasciendan las decisiones de cada gobierno, se ha practicado improvisación sobre improvisación y muchas veces rectificado decisiones que involucraban inversiones en marcha.
Un ejemplo demostrativo lo tenemos los sanduceros con la construcción del gasoducto subfluvial a la altura de Casa Blanca, que está operativo desde hace una década y ya ha transcurrido, sin transportar gas ni para un encendedor, el 20 por ciento de su ida útil, estimada en medio siglo. Hubo en aquel entonces una decisión política del directorio de UTE, que demandó la inversión de unos doce millones de dólares para instalar una megacentral para la exportación de electricidad a Brasil y una de ciclo combinado para el mercado interno, pero en el primer cambio de directorio el proyecto quedó en la nada.
Es cierto que en una región como la que nos encontramos y sobre todo dependiendo del abastecimiento energético de la República Argentina, siempre se está corriendo un albur ante cambios de decisiones políticas y subsidios que confunden al más pintado, pero el hecho es que nunca hubo un derrotero preestablecido, por acuerdo de todo el sistema político, para establecer objetivos a largo plazo que permitieran caminar en determinada dirección, por encima de las circunstancias y el color político del gobierno de turno.
El devenir de los acontecimientos internacionales, como la persistente suba de los precios del petróleo que se dio hasta julio de 2008 ha llevado a acelerar acciones para reducir la dependencia de la generación del crudo, y buscar alternativas en la generación por biomasa y energía eólica, a través de una licitación por modestos 60 megavatios convocada por UTE que se ha instrumentado en forma excesivamente lenta, por decir lo menos.
Ocurre que este gobierno no ha sido la excepción y también ha improvisado de acuerdo a su óptica, ante la falta de políticas de Estado en la materia, pero pecando igual que sus antecesores de hacer poco y nada por lograr un consenso interpartidario sobre el tema y definir entre todos una política energética, con objetivos de mediano y largo plazo.
Sí ha sido positivo que tras largas idas y venidas el Poder Ejecutivo haya decidido poner en marcha la “ley de marco regulatorio”, luego que UTE hiciera y deshiciera a voluntad, amparada en su condición anterior de juez y parte. Pero en materia de licitaciones para incorporar electricidad se ha avanzado poco, más allá de los anuncios de decisiones políticas sobre la necesidad de la reconversión.
Tampoco ayuda mucho el cambio en las reglas de juego que en su momento dispuso el ente al establecer topes de precios que no había establecido en la licitación, lo que ha generado confusión y desinterés entre los potenciales inversores. Pero seguramente en este momento la gran interrogante está planteada en la evolución que tendrán los precios del petróleo para producir por ejemplo para el mercado spot y que obrará como desestímulo por la caída de precios del megavatio - hora que es tomado como referencia para la compra.
Estamos ante una coyuntura que tenderá a enlentecer inversiones, pues no hay garantía de precios ni reglas de juego estables para quien arriesgue capital en invertir a fin de generar electricidad. De ahí la necesidad imperiosa de acordar políticas de Estado y condiciones que permitan que más allá de los vaivenes internacionales se mantenga el atractivo para que los inversores incorporen generación de respaldo y Uruguay pueda ser menos dependiente y débil en el campo energético.