Opinion | 09 Ene El domingo pasado dos funcionarios policiales sanduceros fueron interceptados por personal de Aduanas Argentinas cuando pretendían ingresar unos 20 kilos de cocaína al país por el Puente Internacional General Artigas a bordo de un automóvil particular.
Si bien se trata de un hallazgo más de estupefacientes en el puente que une Paysandú y Colón, el hecho provocó indignación en la sociedad en su conjunto, ya que a los policías corresponde impedir el tráfico de drogas y no servir a sus intereses aprovechando la confianza que genera su investidura.
El accionar de los desleales funcionarios representa una bofetada a la confianza pública y a la de la institución a la que pertenecen, proyectando una imagen patética que realmente no se corresponde con la generalidad de quienes --sean oficiales o subalternos-- día a día entregan su capacidad y esfuerzo para garantizar el cumplimiento de las normas.
Su grado de culpabilidad y castigo serán determinados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini. Sin embargo, su deber como funcionarios del Ministerio del Interior los hace doblemente responsables ante la sociedad.
Sabido es que ninguna institución está totalmente segura de mantenerse libre de funcionarios corruptos y, a la vez, muchos podrán argumentar que cuando las condiciones laborales no son óptimas, las tentaciones económicas que ofrecen grupos mafiosos pueden conducir a intentar “justificar” acciones de estas características.
Hechos como el ocurrido recientemente tornan más valioso el trabajo sacrificado de miles de hombres y mujeres uruguayos honestos que cada día emprenden como real compromiso la función que asumieron con vocación.