ESCRIBE EL DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 13 Ene La reciente culminación de un nuevo año y ciertas informaciones que han trascendido, entre ellas opiniones de personas que por sus antecedentes,  funciones y conceptos emitidos merecen respeto, inducen a recordar las razones fundamentales que acreditan que el conflicto suscitado con el vecino país por la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos, luego reducida a la de Botnia, no tuvo fundamento valedero y  fue totalmente inexplicable.
En primer término se debe recordar que el gobierno argentino había resuelto, y comunicado al Poder Legislativo, en relación a la instalación de las plantas entonces proyectadas, que si bien la iniciativa había suscitado disidencias entre las delegaciones de ambos gobiernos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ellas habían sido superadas, que se había acordado que lo esencial del asunto era la cuestión ambiental y que ella debería ser controlada por ambos gobiernos.
Consecuentemente, el gobierno del vecino país aceptó la instalación de tales plantas en Fray Bentos, y quedó muy claro que existiría, como corresponde, control ambiental, en el cual dicho gobierno tendría tanta gravitación como el uruguayo. A ello es pertinente agregar que de acuerdo con lo que resulta de informes técnicos internacionales de la más alta solvencia, el funcionamiento previsto sería de última generación, sin riesgo de contaminación ambiental, algo que --es oportuno señalar-- fue luego confirmado después de ponerse en marcha la planta, y expresamente reconocido por autoridades argentinas.
Ello acredita que el fundamento invocado por quienes promovieron el conflicto y lo mantienen fue totalmente inexistente, y que el mantenimiento de sus afirmaciones al respecto está  insólitamente basado en argumentos comprobadamente inciertos. Algo  inexplicable.
En segundo lugar se debe también recordar que con respecto a los cortes de rutas, uno mantenido desde hace más de dos años, existe un fallo terminante del Tribunal del Mercosur que señala que tales cortes son violatorios de los derechos vigentes emanados del Tratado de Asunción que creó precisamente el bloque regional.
Tales cortes, por tanto comprometen la responsabilidad del gobierno argentino, pues en lugar de ejercer sus potestades permite pasivamente tales actitudes ilícitas.
Si a todo ello se agrega, por ejemplo, que hasta un senador de Gualeguaychú propuso allá por 2006, un proyecto de ley que establece pautas para los estudios de evaluación del impacto ambiental aplicables cuando se realicen obras públicas o privadas, queda en claro la ausencia allí de tales pautas y es evidente que el conflicto actual carece de fundamentos valederos y en verdad es totalmente inexplicable.
  Como con anterioridad se ha sostenido en esta columna, una de las consecuencias que más se deben  temer es que la actitud indebidamente pasiva al respecto del gobierno argentino pueda fomentar, entre las poblaciones vecinas, enemistades  de difícil superación, aunque ello, a estar a lo que hasta ahora se  advierte, afortunadamente está muy lejos de la realidad. Por tanto se deben recibir con agrado las reiteradas y recientes manifestaciones de autoridades del vecino país contrarias a las --se reitera-- inexplicables posición y actitudes de los “piqueteros” de Gualeguaychú,  pues hacen pensar que no está lejano el momento en que tales autoridades adviertan que ha llegado la hora  de promover, mediante el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la normalización de las intensísimas actividades transfronterizas entre ambos países. Es con verdadero agrado que se expresa tal esperanza.