Paysandú, Viernes 16 de Enero de 2009
Opinion | 09 Ene Los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística al cierre del año revelan que en 2008 tuvimos la inflación más alta del quinquenio, en la orilla de los dos dígitos si la tomamos en el promedio general, pero que supera el 9,19% indicado si se la mide en su repercusión en los hogares de menores ingresos.
La inflación, definida como un impuesto encubierto, tiene su efecto más negativo en los grupos más indefensos y sectores de ingresos fijos, que no tienen forman de hacerle frente, desde que la escalada de precios supera largamente lo que se pueda obtener por aumentos salariales o de pasividades.
Pero claro, en un país como el nuestro, donde las presiones que ejercen las corporaciones de funcionarios públicos al gobierno dan lugar a respuestas oficiales a medida para que éste no pague costos políticos, sobre todo cuando ingresamos en un año electoral, se presentan situaciones muy diversas entre los trabajadores, con claros perjuicios para el sector privado, desde que en el caso de los estatales no tienen un “patrón” que pueda fundirse o tener que despedir parte de la plantilla laboral para hacer frente a los números en rojo. El IPC de 2008 superó tanto las previsiones del gobierno como de los analistas privados encuestados por el Banco Central del Uruguay, lo que a la vez va de la mano con un año en que tuvo continuidad la bonanza producto de una coyuntura internacional favorable, que se revirtiera en el último trimestre.
Empero, los ingresos del período se han traducido en el medio aguinaldo y retroactividades que se han cobrado tras los ajustes en los consejos de salarios. Eso creó una masa de dinero adicional en circulación que tuvo su manifestación en ventas de fin de año superiores a las del año pasado. Claro que este aspecto puntual debe relativizarse si lo evaluamos en una bonanza que se ha esfumado al caer abruptamente los precios internacionales de las materias primas, pese a la contrapartida favorable del descenso en la cotización del petróleo y que las condiciones para nuestra balanza comercial se presentan con un perfil muy diferente.
Igualmente iniciamos 2009 con un arrastre de inflación elevado y con convenios salariales en su mayoría indexados, lo que ya es contraindicado en cualquier situación, pero mucho más aún lo es en medio de una tendencia decreciente en la actividad económica. En el caso del Estado, el gobierno pretendió comprar paz laboral en año electoral y está obligado a cumplir con los ajustes, lo que en buen romance significa trasladar una vez más todo el peso de la carga a los sectores privados, que son los que generan riqueza y con sus impuestos sostienen el funcionamiento del Estado.
Y como en esta vida nada es seguro, ni aún lo que hasta hace poco se creía inconmovible, como Wall Street, tampoco existen garantías de que la indexación y la recuperación salarial favorecerán a quienes se dice defender, es decir trabajadores y pasivos, por cuanto el poder cumplir con lo pactado dependerá de la buena salud de las empresas.
Desde ya, en una actitud preventiva que surge del sentido común, el Poder Ejecutivo debería buscar mecanismos para aliviar la carga tributiva sobre los sectores reales de la economía, de forma de permitir que tomen aire para hacer frente a los tiempos difíciles que sobrevendrán. Claro, el problema es que la Administración Vázquez se metió en camisa de once varas al aprobar un presupuesto basado en los ingresos de la época de las vacas gordas, y el recorte del gasto con que se instruyó a los ministerios, que en el mejor de los casos, de aplicarse a rajatabla, solo se obtendría una merma en el gasto que no llegaría al 5%.
De no hacerlo, se corre el riesgo de que las mejoras por aumentos queden solo en los papeles y deban reencauzarse nuevas negociaciones para que el sector privado se ajuste el cinturón a la nueva realidad, con el formidable lastre de seguir manteniendo el buen pasar de funcionarios públicos inamovibles y con ingresos asegurados, así como empresas estatales a las que sostenemos como sea todos los uruguayos, solventando sus déficits y su ineficiencia.
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