Locales | 14 Ene Soy argentino, amo al Uruguay al igual que toda mi familia, una hermosa nieta, su padre es de Treinta y Tres. Soy abogado, pero desde abajo, para serlo fui empleado ferroviario. “Bocha” Cravea, los Urusan y tantos otros amigos me conocen muy bien y mi manera de pensar en la fraternidad.
Fui Juez Federal en Concepción del Uruguay casi una década, hasta que renuncié el año pasado. Integro la Caja Forense de Entre Ríos, que administra el dinero provisional de todos los abogados y procuradores de la provincia. Fui asesor letrado del Departamento Ejecutivo Municipal de Concepción del Uruguay, nombrado por su actual intendente, Marcelo Bisogni, hasta que renuncié al final de su primer mandato. Y fui asesor letrado desde siempre, del Centro de Residentes Uruguayos en Concepción del Uruguay.
Luis Pirieveis, ya fallecido, que integraba el cuerpo de cronistas de El Telégrafo, así como el doctor Horacio de los Santos, en su calidad de asesor de este municipio, eran mis huéspedes junto con cuanta embajada artística arribaba a Concepción del Uruguay para abrazarse con los residentes en cada conmemoración de fechas patrias uruguayas.
El sábado 10 del corriente, cercano al mediodía, evidentemente por fallas operativas, el puente internacional General Artigas era un pandemonium. No había señalización idónea que advirtiera a los conductores que egresaban del país, que se había habilitado una tercera vía de circulación que normalmente corresponde a los que salen, otorgándosele insólitamente un sentido de circulación inverso, sin advertencia alguna, o sea que para ingresar al país eran tres carriles y para salir del país solo uno. Los “servidores del orden”, que deberían haber estado en el lugar en que se va formando la cola de automotores para a su vez advertirles el cambio de circulación de uno de los carriles, brillaban por su ausencia. Todos estaban en derredor del área central del peaje.
No cometí ningún delito. Solo aproveché la cómoda situación de un automovilista que en lugar de seguir el paso del tren vehicular prefirió ampararse bajo la fresca sombra que le brindaban los prolegómenos del puente, en la curva previa a la zona de peaje, dejando un espacio de unos 30 metros delante suyo, en los cuales ubiqué mi auto conducido.
Por supuesto, los reclamos fueron contra mí, de los que estaban en cómoda situación a la sombra del puente, y allí los supuestamente servidores del orden --ninguno se identificó-- pretendían que retrocediera en una cola que era caótica, con riesgo de atropellar a alguien o colisionar con otro automotor. Y como no había cometido ningún delito, siendo las instalaciones adaptadas especialmente para que el conductor no descienda de su vehículo sino sólo para el contralor del equipaje, me negué a retroceder.
Y me sacaron del vehículo que conducía a puñetazos limpios y al salir me rodearon no menos de diez prefecturianos, dándome patadas, sopapos e insultos. Mi final, luego de pasar por el Hospital Escuela del Litoral, fue el calabozo, que conocí por primera vez en mi larga vida.
Ahora que recuperé mi libertad precariamente: me exigen una fianza real para dejar el país, pese a poseer cédula de identidad uruguaya, vencida, pero cédula al fin. Quiero ejercer mis derechos y consecuentemente promover denuncia por lesiones contra el grupo represor y sanguinario de Prefectura Naval Uruguaya. Pero en Jefatura Departamental de Policía me dijeron que fuera al Consulado. ¡En Prefectura Naval me dijeron que fuera a la Seccional 5ª de Policía, pero en ésta que correspondería ir al Juzgado!
Es lo que pienso hacer en procura de justicia. Además consulté por una oficina de algún ministerio o secretaría de Derechos Humanos, como es usual en la República Argentina, pero nadie me supo informar al respecto. Evidentemente los Derechos Humanos no son materia de gobierno en este país.
El delito que se me imputó recién se me puso en conocimiento a posteriori de prestar declaración indagatoria, lo que conceptúo es una aberración jurídica, por cuanto al imputado como imperativo categórico, primero se le debe hacer saber el delito que se le imputa y las pruebas que hay en su contra, como premisa fundamental, para que la persona que es imputada de un delito, tome conocimiento de cuál es el que se le imputa y así saber de qué tiene que defenderse. Pero además, el delito imputado, “Desacato”, un típico delito neoliberal, para dar base jurídica al avasallamiento, a la prepotencia, a la brutalidad policíaca. Es el germen del terrorismo de Estado, que tanto daño y tantos crímenes y asesinatos causó a nuestra América Latina.
¿No bastaron en este país la muerte del querible Zelmar Michelini, del filántropo Roslik? El delito de desacato es el que apaña la prepotencia, los apremios ilegales, de un neoliberalismo que se mantiene enquistado en los vericuetos de la Justicia uruguaya. Todo quien lucha por una injusticia, está cometiendo desacato. Todos los acuerdos internacionales sobre los derechos del hombre y el ciudadano, deben ser incorporados en la Constitución nacional, y así comenzar a combatir el terrorismo de estado y todos sus derivados. José Alberto Bellingeri