Locales | 13 Ene Desde la Intendencia Departamental, y en las varias consultas realizadas por EL TELEGRAFO, se indicó al comienzo que la restauración del edificio tendría un costo importante que no se podría solventar con el presupuesto municipal, por lo que habría que buscar apoyos y eso no sería algo de trámite rápido.
Más adelante, se reconoció que estaba ocupado por intrusos y que para desalojarlos había que hacer un trámite judicial, para lo cual había que demostrar la titularidad del bien. Esto se hace con los títulos de propiedad que, aunque no estaban registrados a nombre de la Intendencia, había documentación oficial del Poder Ejecutivo nacional suficiente para iniciar el trámite. Sin embargo, los títulos originales no fueron encontrados, lo que determinó que no se pudiera continuar con el proceso legal.