Opinion | 18 Ene Un efecto colateral negativo de la abrupta caída de los precios del petróleo es sin dudas obrar como elemento desestimulante de inversiones para la búsqueda e investigación de energías alternativas, y en el caso de países tan dependientes como el Uruguay, aparece como una tentación para mantener los viejos esquemas térmicos de respaldo para generar electricidad, al descender significativamente los costos.
Otro factor negativo es la improvisación propia de nuestra idiosincrasia, una de cuyas manifestaciones más notorias es la ausencia de políticas de Estado en áreas estratégicas como la energía, y a la vez siguen a la orden del día disonancias en el sistema político para acordar un esquema mínimo de acuerdo que permita seguir un derrotero más o menos permanente en la materia.
Sin embargo, no hay dos diagnósticos distintos respecto a la necesidad de que el Uruguay cuente con un parque generador a partir de energías alternativas, teniendo en cuenta que es preciso reducir la dependencia del petróleo importado, que hoy está a cuarenta dólares el barril pero que dentro de un año puede estar a ciento cincuenta, en tanto todavía está en discusión y es controvertida la posibilidad de incorporar una usina nuclear, que igualmente no evitará que continuemos siendo dependientes.
La energía eólica y la biomasa aparecen como las apuestas lógicas en esta reconversión, y en este contexto está en proceso la segunda licitación de UTE --en realidad es la segunda parte de la primera-- para la compra de otros 36 megavatios a productores privados, como ya se hizo con 24 en el primer llamado.
Ocurre, sin embargo, que el primer llamado debía incorporar 60 megavatios, pero solo se adjudicó menos de la mitad porque UTE impuso luego por su cuenta un tope al precio del megavatio sin haberlo establecido en la licitación, por lo que quedaron fuera de competencia varias empresas que sumaban más que la potencia adjudicada.
Evidentemente, este es un primer contrasentido en un país que necesita no solo reconvertir su matriz energética, sino también contar con una mayor disponibilidad ante el desfasaje entre la oferta y la demanda, que se agudiza año a año y que pasa por etapas críticas en sequías en las que desciende abruptamente la disponibilidad de agua en las represas.
Estimaciones del sector privado indican que en el mediano plazo nuestro país debería contar con un respaldo superior a los 500 megavatios de electricidad producida a partir de energía renovable, pero la realidad indica que estamos muy lejos de esta cifra, y que para licitar tan solo 24 megavatios han transcurrido dos años y recién se está en proceso de adjudicar otros 36, lo que da la pauta de que se está corriendo siempre detrás del crecimiento de la demanda.
Según voceros de la Asociación de Generadores Privados de Energía, en la segunda etapa de esta licitación se han presentado empresas para proveer un total de unos 160 megavatios, cuando la licitación solo contempla adjudicar una quinta parte. Esta respuesta de los inversores demuestra que pese a la “prudencia” del Poder Ejecutivo para iniciar la reconversión, y con reglas de juego contradictorias, hay interés por participar en proyectos de este perfil si se dan las condiciones.
Y éstas pasan fundamentalmente por contar con un mínimo de seguridades en respaldo a la inversión, con precios mínimos y plazos no menores a los quince años, de forma de lograr amortizar la inversión y contar con un margen razonable de rentabilidad. Es lo menos que se puede pedir, si es que realmente existe interés en diversificar la matriz, más allá de situaciones coyunturales como las que estamos atravesando por derivación de la crisis internacional.
El país necesita y depende de que se invierta en fuentes alternativas al petróleo, porque la improvisación y la desidia nos han resultado demasiado caras y seguimos pagando las consecuencias de haber perdido el tiempo.
Como país debemos redoblar la apuesta a tener el mayor porcentaje posible de energía nacional de fuentes renovables, y en realidad todavía estamos esperando un plan estratégico del gobierno, -en lugar de seguir dilapidando divisas- que ha anunciado que lo tiene pero que se contradice con esta “reconversión” a cuentagotas, cuando otros países subsidian de mil y una formas posibles el recambio impostergable.