Opinion | 14 Ene La tentación de intervenir en la fijación de precios cuando su evolución no se ajusta a las expectativas es particularmente difícil de resistir por los gobiernos de izquierda, que evidentemente en alguna medida han aprendido la lección sobre las consecuencias negativas de los voluntarismos y sobre todo porque no resultan sustentables siquiera en el mediano plazo.
Solo así se explica que pese a desbordes inflacionarios por encima de la metas, la Administración Vázquez solo haya ensayado medidas muy particulares y limitadas, como el “asado del Pepe”, y acuerdos con industriales del sector para rebajar el asado en diez pesos, desconociendo la realidad del Interior, donde estas alternativas no han llegado y en realidad tampoco importa mucho desde que no suponen alivio alguno para los sectores de menores ingresos, en el que realmente repercute el rubro alimentación, que ha subido muy por encima de la inflación general.
Y si bien se hace hincapié en la necesidad de promover acuerdos con los formadores de precios, indudablemente el Poder Ejecutivo ha perdido de vista que los precios no se decretan ni se forman porque sí, sino que responden a una realidad de oferta y demanda, costos de producción y distribución, -salarios incluidos- del crédito y factores inherentes a la competencia.
Si no se comprende este aspecto y se actúa en consecuencia, se seguirán atacando efectos y no causas, es decir sin corregir las debilidades en esta materia, que debe pasar primero por acertar en el diagnóstico.
Esto es precisamente lo que todavía algunos no han asumido, porque se siguen buscando viejos fantasmas en agio y especulación, en vez de tomar debida cuenta de que muchos de los problemas parten del propio Estado y su gasto desproporcionado, que financia detrayendo recursos del sector privado.
La realidad indica que solo la competencia y la productividad, aumentando la oferta de bienes y servicios, pueden abatir realmente los precios, lo que es mentar la soga en la casa del ahorcado cuando nos encontramos con empresas del Estado monopólicas y una costosa burocracia. Dentro del Poder Ejecutivo hay posturas claramente encontradas, por cuanto grupos de la izquierda tradicional siguen abrazados a los viejos esquemas estatistas e intervencionistas, pese a que las recetas de precios administrativos han probado ser absolutamente ineficaces. En la misma línea, también el gobierno arremete contra el derecho a la propiedad y sostiene que el Estado debe intervenir incluso en los negocios entre privados y hasta aplicar leyes retroactivas en aras de un presunto interés general. No se tiene en cuenta, por ejemplo, que los “perdonatutti” y las intervenciones en favor de una parte, aparentemente la más débil, en realidad afectan otros intereses igualmente respetables y sobre todo violan reglas de juego, lo que genera incertidumbre y retracción en las inversiones, contra la dinámica de la economía y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.
La afectación del derecho de propiedad crea un tembladeral jurídico e inseguridad, que una vez que se instalan cuesta mucho reparar, y además, en el mejor de los casos en que se deje sin efecto la norma voluntarista, el proceso de reparación lleva un tiempo precioso durante el cual todo se paraliza.
Un caso concreto es la ley 18.187, que asimila a los predios adquiridos en la primera mitad del siglo pasado a través del Banco Hipotecario a los incorporados por la ley 11.029, de 1948, lo que afecta la propiedad privada y cambia reglas de juego establecidas por la normativa anterior, bajo la cual se hicieron los negocios. De la misma forma, por ley de ordenamiento territorial se establecieron condiciones --dejadas sin efecto transitoriamente ante la magnitud del desquicio-- para las operaciones de compra - venta de inmuebles, supeditadas a una decisión de las intendencias absolutamente fuera de la realidad, solo por mencionar dos casos concretos, sin entrar en el análisis de las ocupaciones de lugares de trabajo y tierras.
Aparentemente el gobierno no entiende el derecho a la propiedad privada y tiene ataques de colectivización que no llevan a ningún lado, para luego volver sobre sus pasos --no siempre-- cuando al final asume que lo que inventa es peor que lo que había.
Por lo menos es de esperar que de las experiencias aprenda y que en este proceso de aprendizaje no sigamos perdiendo todos, mientras se insista en aplicar recetas basadas en una teoría que ha fracasado estrepitosamente en la práctica.