Opinion | 21 Ene Al haber quedado atrás la posibilidad de aplicar medidas contracíclicas tras la aprobación de una Rendición de Cuentas en la que el Estado gastará más de lo que tiene para atender situaciones que le darían réditos electorales, quedan planteadas dificultades que se agregan a las que ya tenía Uruguay en épocas de bonanza, donde hasta según el ex ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, se habían creado “espacios fiscales” para gastar sin remordimientos.
Bueno, eso es parte de la conciencia de cada uno, por lo que no puede haber análisis objetivo desde este punto de vista, pero si tomamos en cuenta realidades y escenarios posibles, cuando ya se veía que de un momento a otro podía revertirse la situación con los mercados internacionales.
Es cierto, la idea que primaba en los operadores era que esta crisis se iba a ir dando de manera gradual y no en la forma explosiva en que se ha manifestado, por lo que desde este punto de vista puede concederse al gobierno que se vio sorprendido por el desarrollo de los acontecimientos, lo que no le quita responsabilidad por haber actuado de la forma desaprensiva con que lo hizo en las épocas de bonanza, que se extendieron hasta casi el cuarto trimestre de 2008.
La oportunidad de aplicar medidas contracíclicas se esfumó en 2008 y por lo tanto las alternativas son gastar las reservas o endeudarse, además de apostar a que la recuperación económica se manifieste lo antes posible, para no quedar más al descubierto ante una crisis prolongada.
La situación de Uruguay no es la única en la región, y tampoco la peor, pero sería consuelo de tontos basarnos en el mal de muchos como una razón atendible para justificar la imprevisión en que ha incurrido el gobierno.
Claro que no está todo perdido, pero el año electoral es un factor distorsionante que pesará cada vez más a medida que pasen los meses, y sobre todo es un elemento contraindicado para pautar un gasto público criterioso, ante las tentaciones populistas y los costos políticos en juego. Como bien lo señala el observador internacional Carlos Steiner, en un artículo publicado en la revista “Economía y Mercado”, del diario “El País”, la región, con Uruguay incluido, no generó los ahorros fiscales previos para poder adoptar políticas contracíclicas, y a la vez hacerlo a través del endeudamiento externo no solo es riesgoso, sino imposible, lo que hace la gran diferencia con el mundo desarrollado.
El desafío radica entonces en hacer lo mejor que se pueda con el menor gasto público posible, para no quitar un aliento imprescindible a los sectores productivos en momentos en que se necesita imperiosamente acotar costos y mejorar la competitividad. “Esta restricción obliga más que nunca a mejorar la calidad del gasto público de manera tal de lograr el mayor impacto por dólar utilizado. Y para ello queda priorizado el gasto en inversión respecto al corriente. Aquí surge el dilema de toda administración, de optar entre los reclamos salariales tradicionalmente rígidos o destinarlos a facilitar aumentos de productividad”, evaluó el analista.
Lamentablemente, en nuestro país cada corporación juega su partido, y la de los funcionarios públicos nucleados en COFE ha probado ser de las más absolutistas, sin tener en cuenta para nada que sus salarios son pagados por todos los uruguayos con sus impuestos, y que la presión fiscal es contraproducente para la competitividad y la creación de riqueza.
Pero ya están reclamando un 11% contra el 7% que ha establecido el gobierno y a medida que pasen los días y las semanas el diferendo se agudizará, con resultado incierto por ahora aunque todo indica que difícilmente el gobierno permita instalar un tema de rispidez en plena campaña electoral, y que de una u otra forma pateará la pelota para adelante pagando el menor costo político posible.
Estas corporaciones con posturas del todo o nada le hacen mucho daño al país, porque conspiran contra el desarrollo de los sectores reales de la economía y al fin de cuentas están mordiendo la mano que les da de comer. Un factor agravante, sin dudas, en la crisis que se perfila, ante un Poder Ejecutivo que la enfrenta en el peor momento posible para ensayar soluciones reales, de mediano y largo plazo, y que todo indica recurrirá a esta altura a los parches de siempre para seguir tirando hasta que otro agarre el fierro caliente.