Locales | 21 Ene Hay varios casos en que sociedades civiles desaparecen o se disuelven, quedando sus bienes en una nebulosa legal. Es que si no hay una denuncia directa, o la propia Intendencia informa del hecho al Ministerio de Educación y Cultura, nadie fuera del entorno de esa sociedad se entera que no existe más. El MEC, según pudo saber EL TELEGRAFO, no tiene inspectores para hacer visitas periódicas a las sociedades civiles y revisar su estado legal.
Según el escribano Raúl Beceiro, si el MEC no se entera de un bien inmobiliario que fue “abandonado” por una sociedad civil ya inexistente, “en los hechos se presta para que alguna persona particular lo prescriba con los años, porque si no se disuelve la propiedad, pertenece a ella”.
Pero como no hay nadie a cargo, cualquier ciudadano puede hacer el trámite de prescripción treintenaria, ya que se trata de un bien privado, de una persona jurídica. A juicio de Beceiro, “debe haber unos cuantos terrenos en esas condicones (en Paysandú) de clubes o instituciones que ya no existen más, y que el Estado no los reclama porque ni se enteró que, por ejemplo, los clubes no funcionan”.
“Que yo sepa no hay ningún seguimiento”, comentó el profesional.
Tampoco la Intendencia tiene potestades para hacer esos trámites, aunque “se podría, teóricamente y si hubiera interés, denunciar esos bienes (abandonados) al Ministerio para que le fueran adjudicados.” Aclaró que “en ese caso (de la Intendencia) no opera la prescripción, porque para eso hay que ocupar el bien y realizar acciones como si fuera el dueño”.
Sí puede suceder que “la Intendencia estuvo utilizando un terreno por 30 o 40 años, como puede pasar en las zonas costeras, donde puede suceder que los títulos no estén, porque eso no es nada raro. En ese caso sí procede la prescripción”.