Opinion | 20 Ene El último mes de 2008 surge como el período del año en que se presentaron proyectos por mayor monto: 370 millones de dólares. Lo que sin dudas es muy alentador, si se tiene en cuenta que ha sido una respuesta positiva a los beneficios fiscales que otorga la ley de inversiones.
Las propuestas fueron presentadas ante la Unidad de Apoyo al Sector Privado del Ministerio de Economía y Finanzas y corresponden a 59 empresas que por esta vía se han comprometido a crear unos 1.600 puestos de trabajo. Esto también debe valorarse en el contexto de que, por provenir del sector privado, crea empleos genuinos que conllevan una dinámica regenerativa de riqueza y circulación de recursos en la economía.
Debe tenerse presente, además, que quien invierte lo hace en base a expectativas positivas, con la perspectiva de resarcirse de la inversión y obtener en tiempo razonable una rentabilidad que justifique el riesgo de la iniciativa. Máxime cuando, al ser una actividad privada no cuenta, como las empresas estatales, con el respaldo del Estado y, por lo tanto, con la posibilidad de absorber el posible déficit con el dinero de todos los contribuyentes en forma compulsiva.
El informe de la Unidad de Apoyo al Sector Privado indica a la vez que la industria continúa siendo el sector de actividad que presenta mayores niveles de inversión y de proyectos presentados. Le siguen a los sectores de las comunicaciones y la construcción.
También da cuenta el informe de que 59 de estos proyectos apuntan a Montevideo, 30 al Interior y 7 a ambos simultáneamente; en tanto, en 5 de ellos la información disponible no permitió identificar su ubicación. La localización de estas iniciativas da la pauta de que, aunque el gobierno central mucho habla de estímulos para la radicación de empresas en el Interior, en los hechos Montevideo es el área del territorio nacional que más inversiones capta. Esta tendencia no ha sido revertida en ningún período de gobierno. Y el presente no es la excepción, ni mucho menos.
Debemos tener presente, además, que las cuantías de los capitales involucrados acentúa esta desigualdad, desde que los proyectos ubicados en el Interior representan una inversión de poco más de 27 millones de dólares, en tanto los localizados únicamente en la capital llegan prácticamente a 107, o sea cuatro veces más.
Estamos, entonces, ante escenarios contradictorios o, por lo menos, incongruentes, por cuanto es el Interior el área que necesita imperiosamente captar mayor volumen de inversiones, a efectos de paliar las asimetrías con Montevideo en cuanto a los niveles de empleo e ingresos, así como en actividad económica. Sin embargo, en los hechos, el medio círculo metropolitano es el que por lejos concentra el grueso de los proyectos. Y nada indica, con los estímulos que se dan actualmente, que la cosa pueda cambiar de forma significativa.
Desde 2007 está vigente la nueva reglamentación de la Ley 16.906, la denominada Ley de Inversiones, que amplía los beneficios fiscales a los que puede acceder una inversión y simplifica los procedimientos necesarios para acceder a ellos. Esto indica que existen buenas intenciones. Que se considera que, con tal de que se den dentro del territorio nacional, da lo mismo que las empresas se instalen a 10 kilómetros del centro de Montevideo, que en Artigas, Rivera o Paysandú.
Y si bien el informe no hace discriminaciones en cuanto a la localidad en que se instalarán los proyectos mencionados como en el Interior, no cuesta mucho inferir que también se incluyen en este concepto los referidos a zonas cercanas a Montevideo, como San José y Canelones.
Que a los beneficios promovidos por la ley agregan la posibilidad de utilizar generosamente los servicios que provee Montevideo, que se halla a escasos kilómetros. Y, en los hechos, esto implica seguir concentrando la actividad económica y los puestos de empleo en el área metropolitana, como ha ocurrido históricamente.
En resumen, la buena nueva de un aumento de las inversiones como algo provechoso para “el país” debe traducirse como una reafirmación de las asimetrías y privilegios que, directa o implícitamente, siguen jugando a favor de Montevideo. Lo que lisa y llanamente significa el fracaso de las políticas descentralizadoras, más enfocadas a recaudar votos que al crecimiento real del Interior.