Opinion | 24 Ene Uno de los resultados más llamativos de encuestas que se han realizado en nuestro país respecto a cómo impactará en 2009 la crisis financiera internacional, es que la gran mayoría de la población da por sentado que este será un año difícil para el Uruguay, porque es vulnerable a estas crisis y altamente dependiente, pero que en lo personal la cosa no pasará a mayores. Pero los que ya pueden ir festejando que la crisis apenas los rozará son las decenas de miles de funcionarios del Estado a los que el Poder Ejecutivo, en una negociación relámpago pese a que en lo previo todo indicaba iba ser dura y prolongada, les concedió de antemano un aumento salarial muy por encima de lo que había anunciado en su momento. Y todos contentos...
Bueno, casi todos, porque el hecho da para verlo desde más de un punto de vista y llama a reflexión sobre si en realidad estamos ante un gobierno “pragmático”, que da marcha atrás cuando reconoce sus errores, o simplemente va a los tumbos, improvisando y actuando al golpe del balde.
En el marco de la incertidumbre que se ha generado para este año, debe evaluarse la concesión que ha realizado el Poder Ejecutivo a los gremios nucleados en COFE, (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado), al otorgarles un incremento del orden del 11% general desde el 1º de enero, cuando el gobierno les había adelantado que solo les aumentaría un 7,12%.
Pero al menor amago de conflicto, la Administración Vázquez dio marcha atrás en su planteo, al asegurar un 7,12% ahora y un reajuste de hasta un 4% en abril, retroactivo a enero, por lo que no puede extrañar que la asamblea de la confederación aprobara la fórmula y la considerara como una “victoria política”, según manifestaron sus dirigentes.
Es muy claro que estamos ante una “victoria política”, porque la gremial no necesitó siquiera iniciar una movilización para presionar al gobierno, que se presionó solo por encontrarse en año electoral y necesita comprar paz sindical a cualquier precio. En este caso por reajustes salariales que pagamos todos los uruguayos para que el gobierno no tenga más tropiezos que los esperados durante su campaña.
COFE puede darse por satisfecha con haberse asegurado que la crisis prácticamente va a pasar de largo para sus agremiados, porque a su inamovilidad y beneficios varios, además de condiciones de trabajo muy benignas se agrega un reajuste que por lo menos les asegura una tranquilidad económica que no tiene el resto de los trabajadores.
Y aunque para el ciudadano común aparezca como un planteo egoísta, asimilado al “sálvese quien pueda”, no puede culparse a esta agremiación por efectuar planteos que aunque parezcan poco solidarios con quienes les pagan el sueldo, responden a los fines para los cuales fue creada la confederación, que es luchar por obtener conquistas para un sector en particular.
El que ha quedado descolocado y en falta es el gobierno, por supuesto, desde que es el responsable de velar por el interés general y ponderar las decisiones que adopta en base a la búsqueda de un equilibrio, teniendo en cuenta los pro y los contra de medidas que al favorecer flagrantemente a unos, seguramente irán en contra de otros.
No debe perderse de vista que cuando ya se perciben los primeros impactos de la crisis internacional, una de las premisas básicas es adoptar la mayor prudencia posible en el gasto público, que es solventado por los empresarios, trabajadores del sector privado, pasivos y el resto de la sociedad a través de impuestos.
En realidad, con el incremento a los estatales el Poder Ejecutivo ha ordenado una transferencia adicional de recursos desde otros sectores de ingresos fijos, de empresarios y productores para evitarse la conflictividad en año electoral. A eso se agregará el reajuste a los trabajadores de las empresas públicas, que apuntan por lo menos a obtener un aumento similar.
Así, mientras por un lado pide responsabilidad social a los privados, corresponde preguntar si en esferas oficiales, sobre todo en el Poder Ejecutivo, el gobierno practica esa solidaridad que reclama hacia quienes una y otra vez tienen que pagar los desaguisados que se cometen por intereses político electorales.