Opinion | 26 Ene El Poder Ejecutivo se ha lanzado en una campaña que anuncia como de lucha frontal contra la inflación, que se acerca peligrosamente a los dos dígitos y está sobre el filo de desatar el mecanismo previsto --y temido-- de reajustes salariales y de pasividades cada seis meses. En caso de que el índice supere el 10%, generaría erogaciones adicionales que jaquearían a un gobierno que en su momento alardeó de contar con un “espacio fiscal”, que ahora no tiene porque usó mal los recursos extra que ingresaron por efectos de la bonanza. Está bien que cualquier gobierno incorpore entre sus prioridades el combate de la inflación, un factor que genera distorsiones si sobrepasa límites razonables, y que perjudica directamente a los sectores de ingresos fijos, como asalariados y pasivos. Pero debe tener presente que en esos casos es frecuente --y a veces conveniente-- confundir la causa con los efectos y actuar en base a un diagnóstico equivocado de cuáles son los orígenes del fenómeno. Que tampoco afecta por igual a todos los sectores de ingresos fijos, desde que el Índice de Precios al Consumo, que es utilizado para medir la evolución de la inflación, representa una canasta de bienes y servicios que se pondera en una media de familia tipo, pero que tiene distinta repercusión en los hogares según los ingresos de cada uno e incluso entre habitantes del “área metropolitana” e Interior
Por lo pronto, según lo anunciado por el ministro de Economía y Finanzas, contador Alvaro García, entre las medidas a poner en marcha en lo inmediato figura la exoneración del pago del IVA a frutas y verduras, la postergación por un mes del aumento del 2,3% previsto por UTE, exoneraciones de impuestos y la postergación de ajustes, lo que implicará en conjunto un sacrificio fiscal estimado en unos 8,4 millones de dólares.
Además, se prevé en lo inmediato una rebaja del 6% en los combustibles ante la baja internacional del crudo y un subsidio en la cuota mutual para unos 520.000 usuarios, en tanto se estudia una rebaja en los precios administrativos de los taxímetros y se extenderá por un año el subsidio al boleto.
Otra medida en consonancia con las expuestas es exonerar del IVA a la carne picada por seis meses y en base a un acuerdo con la industria frigorífica se rebajaría en un 5% el precio de la media res y un 10% los cortes populares y en los supermercados, los que por esa vía ofrecerán una canasta de 110 artículos con un 10% de rebaja en promedio.
En estas acciones se revela la intención de responder con acuerdos por un lado, y con cierto sacrificio fiscal por otro, a los sucesivos reajustes de precios, que a juicio del gobierno no tienen explicación si se tiene en cuenta que en lo que va del año han descendido el valor internacional de las materias primas y también el del dólar.
Estas medidas pueden tener algún golpe de efecto en ciudadanos que no cuenten con elementos o formación para analizar más o menos detenidamente el escenario socioeconómico del país, pero tan pronto se desmenuza la información se infiere que el gobierno está comprando tiempo, en principio por unos seis meses, para que el IPC (no la inflación) no llegue a los dos dígitos, y así no se disparen los ajustes de salarios y pasividades.
Pero no se puede perder de vista que mientras por un lado se hace este sacrificio fiscal de poco más de ocho millones de dólares, el anunciado aumento salarial a funcionarios públicos desde enero va a costar a todos los uruguayos unos 60 millones de dólares, solo para comprar paz sindical en año electoral.
Y referimos a comprar tiempo porque el gobierno no va al fondo del asunto, sino que aplica fomentos tibios mediante subsidios que permitan ir aguantando los precios reales, para con un tironcito más tirar la pelota más allá de octubre, cuando la ciudadanía está convocada a las urnas. Pero las causas de la inflación, los problemas crecientes de competitividad, los elevados costos de producción, el peso de los tributos y las cargas sociales, el gasto público en toda su dimensión, seguirán oprimiendo a los sectores productivos y por ende proyectándose sobre la inflación mientras no aumente la oferta real de bienes y servicios, que es la única respuesta de fondo.
Eso sí, con subsidios, exoneraciones a medias y acuerdos se podría disimular un tiempo la presión de los precios, pero solo para traspasar el fardo al próximo gobierno, con un maquillaje que dure lo necesario para pagar el menor costo político posible en las urnas.