Opinion | 30 Ene Para no faltar a la tradición, el gobierno de turno y la Corte Electoral han entrado en puja por el presupuesto para el período electoral que se avecina. La Corte pidió al gobierno U$S 19 millones (434 millones de pesos) para solventar todo el período electoral, que incluye los gastos para elecciones internas, nacionales, el posible balotaje y las elecciones municipales.
El organismo prepara el presupuesto como si hubiera segunda vuelta. “Ellos pueden darnos lo que pedimos o menos. En el período pasado el gobierno nos dio varios millones menos, pero fue suficiente porque no hubo segunda vuelta”, explicó Maschwitz, ministro neutral nacionalista.
Una funcionaria del Ministerio de Economía le transmitió al ministro de la Corte que los refuerzos de rubro “estarán muy limitados” y este año le pidió tener una noción global de los gastos que habrá.
La puja por recursos puede parecer una más de las tantas que los diferentes organismos tienen con el gobierno de turno para mejorar sus condiciones. Es un juego legítimo que durante la negociación hacen brotar argumentaciones a favor y en contra y ponderar la pertinencia de la demanda.
Sin embargo, por imperar un régimen democrático, el organismo electoral independiente no debe tener el papel del familiar “pobre” ya que a través de su función su acción de contralor asegura y garantiza el establecimiento de las instituciones, en especial de la legitimación de la integración del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
El cronograma enviado por la Corte define el dinero que requerirá mes a mes y la extensión horaria de los funcionarios. Desde el próximo lunes trabajarán dos horas más por día de lunes a viernes y más adelante el horario se incrementa a cuatro horas por día, mientras que a un mes de la elección se requiere una extensión de seis horas por día.
El tema amerita especial atención de parte de la ciudadanía, ya que garantizar el juego democrático es uno de los valores que debe preservarse con mayor vehemencia. El funcionamiento de la Corte Electoral, sin lujos pero sin penurias económicas, es fundamental para saber que las instituciones que rigen los destinos de Uruguay como país son las que los ciudadanos indicaron con su voto. De ahí la importancia de un presupuesto electoral adecuado y posible.