Opinion | 24 Ene Las incongruencias y ligereza de criterios con que se manejan las cosas históricamente en nuestro sistema político llegan a superar toda capacidad de asombro, porque parece que al cabo del tiempo no se ha aprendido nada y se recae en viejas prácticas que conllevan el manejo “generoso” en extremo de los recursos que aportan todos los uruguayos.
Así, de tanto en tanto surgen episodios que reafirman esta tesis, los que por lo general provienen de esferas del gobierno, sobre todo cuando se ingresa en año electoral y se “compran” períodos de paz laboral, como ha ocurrido en la presente administración.
En el tema que hoy nos ocupa, esta actitud no ha sido adoptada por ningún gobernante del Frente Amplio, sino por el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Perdomo, quien se encontró con que al no haberse ejecutado toda la dotación presupuestal de la Cámara de Representantes correspondiente al presupuesto 2008, optó por repartir el dinero sobrante entre los funcionarios del Poder Legislativo.
El punto es que no estamos ante empleados que perciben salarios ni siquiera ubicados en la media nacional, sino que pertenecen al selecto grupo de privilegiados de los catorce o quince sueldos al año, que no trabajan en el verano, con remuneraciones que duplican y triplican la media nacional, que tienen guarderías y niveles de atención médica de primera, regímenes muy generosos de licencias y otros beneficios al por mayor.
Tanto es así, que algunos de los que ya percibieron este reparto ni siquiera se enteraron, porque para ese nivel eran unos “pocos pesos”, pero alcanzó para que pasaran de franja en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y por lo tanto al tener que tributar más impuesto, el saldo no les fue tan favorable.
Pero más allá de este detalle, realmente cuesta, aún ante el esfuerzo que se pueda hacer, coincidir con este punto de vista del titular de la cámara, que tan alegremente manejó dinero que con tanto esfuerzo aportan miles y miles de uruguayos, que se privan muchas veces de acceder a determinados bienes y servicios impresdindibles, para reforzar los privilegios de quienes integran el sector de mayores ingresos dentro de los asalariados.