Opinion | 02 Feb Que el Estado gasta mal e invierte poco del dinero que con gran esfuerzo aportan los uruguayos en las ventanillas de los organismos que recaudan impuestos no es ninguna novedad, pero sí deberíamos llamarnos a reflexión sobre el costo que aplica a toda la sociedad cuando pasan los años, rotan los partidos en el poder y no hay ninguno que le ponga el cascabel al gato.
Tenemos por un lado que el Frente Amplio, que llegó al gobierno con la premisa de instrumentar cambios que supuestamente irían en beneficio del interés general, no ha hecho nada valedero para reducir los costos que el Estado impone a toda la sociedad, y la grandilocuentemente proclamada “madre de todas las reformas” del Estado ha quedado en agua de borrajas, y por supuesto, nada cambiará en este año electoral.
Por lo demás, en las jerarquías de gobierno y de los organismos del Estado en general, como también ocurre con el común del funcionariado público, no existe el mínimo sentido de responsabilidad de que se está gastando el dinero de todos los uruguayos, lo que se hace mal y en forma disciplicente, de la misma forma en que se trabaja en el área estatal.
En este contexto, y como un ejemplo más en una interminable lista de episodios, se supo que el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, dispuso por su cuenta y a su entera responsabilidad la afectación de 217.000 dólares para la compra de 250 sillas a instalarse en el Paraninfo de la Universidad, que necesitaban un recambio.
El punto es que al sacar la cuenta, se infiere que cada silla ha costado nada menos que unos 900 dólares, es decir el valor unitario de cualquiera de las motos de mediano precio existentes en el mercado, por establecer comparaciones, pero también equivaldría a la compra de más de seis mil pupitres, si aludimos a un elemento de uso común y necesario en el ámbito de la enseñanza.
Ocurre que el rector no se levantó un día con ganas de pasar raya y tener todo un auditorio nuevo en el Paraninfo, sino que meditó que destino le daría a un “dinerillo” sobrante del presupuesto, o mejor dicho, que no se había ejecutado del presupuesto asignado para la Universidad de la República, el año pasado.
Ante la interrogante periodística al conocerse el episodio, Arocena asumió total responsabilidad por esta decisión, e informó que la compra se realizó como forma de ejecutar recursos asignados para 2008 en el área infraestructura, que de otra forma perdería, teniendo en cuenta que cuando un organismo estatal no utiliza parte del presupuesto asignado, debe devolverlo a Rentas Generales, como enfatizó en las últimas horas, ante este episodio, el ministro de Economía y Finanzas, Alvaro García.
En un comunicado, el rector explicó que “buscando solucionar ese problema se procuró asignar esos rubros a un objetivo justificado y adecuadamente estudiado, que permitiera una ejecución a tiempo”, y casualmente se optó por una obra eminentemente montevideana, donde está precisamente concentrado el 90 por ciento de las instalaciones de la Universidad de la República, solo para ratificar el carácter centralista y elitista de la alta casa de estudios.
El jerarca hizo también una autocrítica, por no haber postergado la decisión hasta que un organismo de conducción colectiva de la Universidad lo discutiera, pero no consideró el gasto excesivo --aunque reconoció que las sillas “no son baratas”-- pero sí “esencial”.
El alto costo de las butacas llama poderosamente la atención, ya que encima serán importadas desde España, en tanto en el mercado existen sillas disponibles que tienen un costo de entre doscientos y 400 dólares, de muy buena calidad y utilidad. Pero claro, estamos ante plata “dulce”, que debía gastarse como fuera, y aunque en el Interior seguramente en el ámbito universitario, hay muchas necesidades que podrían satisfacerse con esos más de 200.000 dólares, la inversión ha quedado en la capital ante que ser devuelta a Rentas Generales, para que fuera a algún otro fin dentro de las dependencias del Estado.
El rector, a fin de cuentas, no ha hecho nada distinto a lo que hacen a menudo jerarcas y funcionarios dentro del paquidérmico e ineficiente Estado uruguayo, pero no puede obviarse que se ha actuado por lo menos con ligereza en una Universidad que mientras tanto sigue postergando al Interior, que no forma profesionales acorde a las necesidades del mercado, que no se aviene a racionalizar la matrícula y menos aún a cobrarle a los estudiantes pudientes, pero que en cambio reclama insistentemente más recursos, que salen de todos los uruguayos.