Opinion | 02 Feb Si no llegan a un acuerdo con el gobierno por el pago del servicio 911, a partir del próximo martes 10 la Cámara de Emergencias Móviles no brindará más asistencia en la vía pública, salvo que involucre a sus asociados. La negociación data de hace tres años y la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, fue categórica al asegurar que no se pagará por el servicio.
Según informó a “El País” el presidente de la cámara, Jorge Vidal, las emergencias móviles brindan en forma gratuita asistencia en los accidentes de tránsito desde 2004, pero en 2006 comunicaron al gobierno que para seguir brindándolo debían recibir un pago. El ministerio pidió una prórroga al acuerdo y allí comenzó el proceso de negociación y los estudios para lograr una solución que, como ya estamos acostumbrados en este país, demora en aparecer.
El plazo vence el próximo martes 10. El gobierno, mientras tanto, busca alternativas para evitar el pago, como la posibilidad de que sean los seguros automotores los que paguen una parte del servicio. También pretende crear un sistema regional, en el que los siniestros sean atendidos por las unidades más cercanas y no por la emergencia móvil.
Las entidades de emergencia aseguran que los costos son insostenibles. Vidal explicó que se necesita el pago por el servicio 911 pues genera costos extra a las empresas, que al año pasado vieron incrementados sus costos al aumentar un 14% los salarios del sector, y que no han sido incluidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
A la situación económica hay que sumarle la violencia de la que están siendo víctimas los médicos de emergencias móviles últimamente, lo que hace más delicado aún el tema. Ahora brindar el servicio, además de significar un gasto para la empresa, implica el riesgo de sus profesionales.
La cuestión no es menor en vista del aumento en el número de accidentes de tránsito en todo el país. Resulta inimaginable lo que podría ocurrir si la población queda, aunque sea tan solo unos días, sin asistencia en la vía pública. El tema no puede ser minimizado por el gobierno, que tampoco debe olvidar que involucra a empresas que necesitan números “positivos” para continuar trabajando.