Opinion | 06 Feb El índice inflacionario de enero, que llegó al 0,79 por ciento, cuando en esferas de gobierno –y por boca del propio ministro de Economía y Finanzas, Cr. Alvaro García-- se esperaba un empuje muy por encima de este guarismo, ha permitido un respiro al Poder Ejecutivo, ante la amenaza cada vez más cercana de que en algún tramo del año móvil se llegara a los dos dígitos, y de esta forma disparar automáticamente reajustes semestrales de salarios de funcionarios públicos y de pasividades.
Este compromiso adicional de recursos traería serios problemas de caja y costos fijos adicionales en un período en el que precisamente se teme la manifestación local de la crisis financiera internacional, con la consecuente caída de actividad y mayor desempleo, lo que sería un “cóctel” contraindicado para cualquier economía.
Y pese a los incrementos de precios que se ven en las góndolas de los supermercados casi a diario, la inflación en el primer mes del año sorprendió con un guarismo dentro de parámetros aceptables para lo que ha sido la evolución de este índice durante el año, lo que a primera vista aparece como una contradicción con lo que acusa el bolsillo del ciudadano medio.
Pero claro, ocurre que la forma en que se mide el índice inflacionario en nuestro país, que seguramente es correcta desde el punto de vista técnico y en el marco de una tarea profesional de quienes participan en los relevamientos y procesamiento de datos, conlleva un enfoque global promedio de consumo que precisamente no mide con la misma vara la incidencia de productos de primera necesidad en los respectivos presupuestos familiares.
En suma, al gobierno el índice inflacionario bajo le ha servido para evitar un disparador que realimentaría la inflación y significaría un compromiso fiscal agobiante, justo en año electoral, lo que llevaría a la consabida “calesita” para trasladar el costo al año siguiente, una vez transcurridas las elecciones.
Pero para los hogares de menores recursos el citado índice inflacionario es “mentiroso”, pese a la rigurosidad técnica, si se tiene en cuenta que una vez más el mayor incremento se ha registrado en alimentos y bebidas, sobre todo en artículos de consumo diario, y por lo tanto estos aumentos les han significado un menor acceso a bienes y servicios.
Así, mientras el índice general se ubicó en el 0,79 por ciento en enero, para los hogares de menores recursos este guarismo fue del 1,19 por ciento, es decir un 50 por ciento más que el promedio, lo que indica que hay sectores que resultan eternos postergados y su calidad de vida afectada por la inflación.
De ahí que si bien es positivo que el Poder Ejecutivo procure atacar los aumentos de precios y sobre todo el índice inflacionario –no la inflación real-- no siempre las buenas intenciones se traducen en hechos, porque se parte de premisas equivocadas y prejuicios históricos que hacen ver que detrás de cada aumento haya un especulador o un empresario ávido de engrosar a toda costa sus arcas, cuando el Estado tiene mucho que ver, -- si no todo--, con esta situación.
Es cierto, se puede controlar más o menos la inflación reduciendo la base monetaria, es decir restando circulante a la plaza, para ejercer menor demanda y así reducir la presión sobre bienes y servicios, pero este es solo un aspecto de la ecuación, que en este caso es además acompañada por un control deprimido del tipo de cambio, lo que permite atenuar la inflación pero a la vez resta competitividad a los exportadores, ya de por sí afectados por una caída en los precios internacionales y evaluación en los países competidores.
El verdadero antídoto contra la inflación pasa por la productividad, por aumentar la oferta de bienes y servicios respecto a la demanda, en lugar de reducir circulante, aunque por algún tiempo se logre un efecto similar. Y el Estado tiena una vía por excelencia para atacar la suba de precios: bajar el gasto y por ende los recursos que detrae de los sectores reales de la economía, para funcionar y pagar aumentos salariales decretados alegremente, sobre una situación de bonanza que se esfumó en el cuarto trimestre de 2008.
En realidad, con las medidas “antiinflacionarias” el Poder Ejecutivo podrá comprar tiempo, pero solo para controlar el panorama por unos meses, y apostar a que los precios puedan irse acomodando al neutralizarse en principio el efecto “bola de nieve”. Pero las causas del problema seguirán intactas, y será inevitable que reaparezca, aunque eso sí, “tirando” hasta después de las elecciones.