Opinion | 01 Feb La decisión del Directorio de OSE de actualizar el antiguo sistema informático del ente, que es sin dudas obsoleto y que acarrea graves problemas a los usuarios y a los propios funcionarios, además de no ser confiable, es por cierto una medida que debió adoptarse hace ya tiempo, desde que hay años luz entre el funcionamiento administrativo y de facturación del organismo respecto a UTE y Antel, por ejemplo, con una brecha que se ha ido agrandando con el paso del tiempo.
El punto es que como el ente tiene un sensible atraso en la facturación, por lo que va cobrando los consumos con un desfasaje significativo, de uno a dos meses, la informatización traerá aparejado que el organismo aproveche la actualización para imponer que el consumidor se ponga al día, y por lo tanto lo deberá hacer en “cómodas” cuotas, para que el mes o los dos meses atrasados más o menos se disimulen en pagos mensuales y de esta forma mitigar su repercusión en los bolsillos de los ciudadanos.
Por añadidura, también por decisión del mismo directorio y mediante contratación de empresas privadas se está encarando un relevamiento de los contadores en todo el país, apuntando a una actualización de datos pero sobre todo a detectar irregularidades y al recambio de las viejas unidades, que entienden las autoridades subfacturan consumo debido a su deterioro, y que ello trae aparejado menos ingresos a OSE por el agua que se consume pero que no se detecta por el contador.
Ocurre que como surge de las leyes de economía, lo que ingresa de más por un lado es porque se saca de otro y en este sentido los únicos que llevan las de perder son los usuarios, que harán mayores transferencias de recursos a las arcas del ente.
Es cierto, en ambos casos se trata de una modernización que nos estaba debiendo OSE desde hace mucho tiempo, sobre todo en el aspecto informático, que es imprescindible en la época en que vivimos, y está bien que el organismo facture por toda el agua que suministre, aunque duelan los bolsillos de los usuarios y a la vez el ciudadano común esté subsidiando el agua que se proporciona gratuitamente o a valores mínimos a quienes son asistidos por el Panes y no tienen medios económicos para afrontarlos.
Pero mientras tanto, toda la población es testigo de que no hay cuadra en la que por esta época no haya una pérdida de agua, y que a la vez pasen días y días durante los que nadie aparece para efectuar la reparación, salvo que se trate de una fuga de grandes proporciones, y la cosa es aún mucho más grave si se tiene la mala fortuna de que el problema se presente en fin de semana.
Por si fuera poco, las reparaciones por lo general dejan mucho que desear, desde que las más de las veces se pierden muchas horas hombre en abrir el pavimento para enmendar la pérdida, y ocurre que el arreglo dura solo unos pocos días, al cabo de los cuales vuelven a perder y así sucesivamente.
Encima, las pérdidas van deteriorando el pavimento, que se repara confiando en que la fuga ha sido solucionada por lo menos por un largo tiempo, para encontrarse con que el problema reaparece a los pocos días y nuevamente es afectado el pavimento, lo que implica más costos y afectaciones a la calidad de vida de los ciudadanos.
Además, se están perdiendo cada día decenas de miles de litros de agua que van a dar al río, en un flagrante desperdicio, sin que el organismo se decida a disponer la contratación de personal y afectación de recursos suficientes como para encarar reparaciones duraderas y abordar el necesario recambio de cañerías en una red muy extendida, donde hay amplios tramos que han superado su vida útil y que por tanto seguirán dando dolores de cabeza.
Estamos por lo tanto ante una flagrante y enojosa contradicción, y peor aún, con el usuario como cabeza de turco, pagando una y otra vez por el agua que consume y encima por la que se pierde en la vía pública, mientras a la vez se le reclama al cliente que pague un monto adicional por la puesta al día de atrasos que no le son imputables y/o por cambio de medidores. Cuya fiabilidad, además, el cliente no tiene forma de controlar, desde que como UTE y Antel, el propio organismo interesado es el que se controla a sí mismo, haciendo de juez y parte a la vez.