Opinion | 08 Feb La reforma del Estado es un tema pendiente, de larga data en nuestro país, y en este sentido lamentablemente cada día que pasa implica que sigue vigente un esquema negativo que conlleva un pesado lastre para sus habitantes y su desarrollo.
En la presente administración de gobierno se dejó pasar una excelente oportunidad para lograr consensos políticos que permitieran llevar adelante esa tentativa, encuadrándola dentro de la “madre de todas las reformas” que iba a hacer “temblar hasta las raíces de los árboles” y que en su momento fuera proclamada como un objetivo por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, sin embargo ha quedado prácticamente en nada, ahogada por la burocracia y la parálisis en la fuerza de gobierno, por posiciones encontradas sobre la dirección en que debería encaminarse la presunta reforma.
El Frente Amplio cuenta con mayorías propias en ambas cámaras, y a la vez ha estado en condiciones de poner sobre la mesa cuatro o cinco puntos fundamentales a consideración del resto del espectro político para acordar una reforma que contara con un respaldo que la pusiera más o menos a salvo de los embates de grupos y corporaciones interesadas, sobre todo de funcionarios públicos y grupos radicales que pretenden dejar todo como está, con el manido argumento de “soberanía” y de que las empresas públicas son “propiedad” de todos los uruguayos. Lamentablemente, las discordancias en la fuerza de gobierno y las presiones que a través de varios sectores han ejercido los lobbies de organizaciones sindicales dominantes en el propio Pit Cnt, han atado de pies y manos al Poder Ejecutivo, que proclamó a viva voz que durante este período de gobierno se iban a dar los pasos fundamentales de la “madre de todas las reformas”.
Es cierto, reformar el Estado en Uruguay es una tarea de titanes que resulta imposible de abordar en un solo período de gobierno, como ha quedado demostrado por el hecho de que se ha intentado parcialmente por gobiernos anteriores, y la evolución ha sido muy tímida y ha pasado prácticamente desapercibida. Además, al no contarse anteriormente con mayorías parlamentarias propias, se ha debido encarar trabajosas negociaciones que no siempre fructificaron, y cuando lo hicieron se llegó a propuestas diluidas, además de tropezar con la fuerte oposición del Frente Amplio y de organizaciones sindicales que obstaculizaron los procesos. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle se aprobó una ley de privatización parcial de empresas públicas, como se hizo luego con la Ley de Asociaciones de Ancap, y en ambos casos se aprobaron plebiscitos contra las leyes que revocaron la decisión del sistema político, al promoverse ante la ciudadanía la visión de que se trataba de traspasar el patrimonio nacional a los “piratas” extranjeros.
Por supuesto, los principales opositores a las reformas fueron las organizaciones de funcionarios públicos que “por las dudas” de que estuvieran en peligro sus puestos de trabajo dentro del Estado y su inamovilidad para seguir en un trabajo “light” sin mayores exigencias, no dudaron en embarcar al país en movilizaciones de defensa de “soberanía”, al considerar mucho más importante su interés sectorial que el de todos los ciudadanos.
Los eslóganes pudieron más que la razón y el país quedó atrapado en el inmovilismo de siempre, con el Frente Amplio como el abanderado de esta postura suicida al liderar y/o coparticipar en las movilizaciones que frenaron los primeros intentos de reformar el Estado a partir de las empresas públicas.
Por supuesto, la problemática es mucho más vasta que lo atinente a la gestión o propiedad de las empresas públicas, desde que la burocracia en las dependencias estatales, el régimen displicente de trabajo, las responsabilidades diluidas y el desinterés por atender las necesidades de los ciudadanos, los supuestos “patrones” de quienes los mal atienden, y su oneroso funcionamiento, resulta paralizante para cualquier país que intente modernizarse y avanzar.
El Frente Amplio, cuando estuvo en la oposición, frenó cada uno de los intentos por cambiar este escenario, y en el ejercicio del gobierno ha sufrido en carne propia las consecuencias de la burocracia, los problemas de gestión, y ha sido víctima de la máquina de impedir que contribuyó a fortalecer, cuando consideró que era tiempo de promover “su” reforma del Estado.
Pero el punto es que ni siquiera ha llegado a una “reformita”, porque ha sido víctima de las fuerzas que durante tanto tiempo alimentó, y el país todo está pagando las consecuencias de connivencias que crean compromisos muy difíciles de romper, sobre todo en año electoral, porque no se está dispuesto a pagar costos políticos por el interés general.