Opinion | 09 Feb Ante lluvias todavía insuficientes, y el arrastre de los efectos de la sequía en el caudal de los embalses, las autoridades de UTE están encarando monitoreos y manejando alternativas de contingencia para hacer frente a una eventual “sequía energética” ya en el próximo otoño e invierno, como ha ocurrido en años anteriores.
Ello da la pauta de que por encima de anuncios, proyectos y enunciados de buenos deseos, el fantasma de la crisis energética sigue latente, y que los uruguayos estamos pagando muy cara la ausencia de políticas de Estado que ha caracterizado a nuestro sistema político en los sucesivos gobiernos, incluyendo al actual.
Es que la Administración Vázquez no ha acordado con los partidos de oposición por lo menos las bases de una política de Estado y tampoco se ha avenido a discutir medidas paliativas para la coyuntura, por lo que no está fuera de lugar afirmar que estamos en el mismo tembladeral de siempre, expuestos a los avatares climáticos y con dependencia extrema de la electricidad que venden nuestros vecinos cuando les queda bien y al precio que fijen.
El vicepresidente de UTE, Pedro Aurrecoechea, dijo al diario El País que si bien el organismo no piensa aún en aplicar un plan de restricción al consumo de energía como hizo en 2008, el panorama se complica día a día y ante esta posibilidad el ente ya tiene en análisis un conjunto de medidas en caso que las represas sigan perdiendo nivel en sus embalses.
Indicó que no están previstas acciones de carácter preventivo, en tanto recordó que uno de los aspectos a favor es que se han distribuido lámparas de bajo consumo y que este factor sigue operativo, a la vez de considerar que no es necesario apresurarse a tomar medidas, sobre todo teniendo en cuenta que “si llueve cien milímetros la situación se puede revertir completamente”.
Lógicamente, el funcionario se refiere a situaciones coyunturales, que podrán alternarse de acuerdo a las circunstancias del momento, pero se mantienen las deficiencias estructurales que mantiene al país sujeto a los avatares de escasez de lluvias, y de los altos precios del petróleo, como fuentes energéticas para casi el cien por ciento de la electricidad que consume el Uruguay.
Y este es el punto que tiene el carácter estructural al que nos referíamos, desde que la reconversión a fuentes alternativas sigue estando en del debe, lo que no significa dejar de reconocer la importancia, por lo menos simbólica, de que estén en funcionamiento los primeros generadores de un parque eólico en el Sur, y de que en Botnia se esté generando electricidad por desechos de biomasa forestal, entre otros emprendimientos que representan la excepción, cuando deberían ser la regla.
Tanto es así que ante esta sequía, el parque térmico de UTE está generando al máximo de su capacidad, es decir unos 545 megavatios, en esta oportunidad con el precio del petróleo dando una tregua si lo comparamos con los valores de más de 140 dólares el barril de julio del año pasado. Pero como bien reza el refrán, “al que no quiere caldo, dos tazas”: se ha comenzado con el montaje en la Central Batlle de nueve motores que funcionarán en base a combustible y que agregarán noventa megavatios a la red eléctrica en el próximo invierno, con una inversión estimada en los 80 millones de dólares.
Lejos de acelerar la reconversión a energías alternativas, como la biomasa, la energía eólica y la solar, se ha redoblado la apuesta al petróleo y eventualmente a la compra en nuestros imprevisibles vecinos Brasil y Argentina, cuando la lógica indicaba que esa suma debió canalizarse hacia créditos en favor de generadores privados de electricidad sobre la base de impulsores renovables.
Mientras tanto, según señalan voceros de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industrial, nuestro país sigue dependiente de la importación de energía eléctrica desde el Brasil, con los riesgos que ello supone, pagando un precio muy superior “al que se podría pagar a los generadores privados uruguayos que quieren vender energía al ente”. Así, según voceros de la citada asociación, nuestro país está pagando hasta 400 dólares el megavatio a Brasil, cuando en su momento UTE consideró caro el pago de menos de cien dólares a los generadores privados que se presentaron a la primera licitación convocada por el organismo.
Las consecuencias de estas políticas erráticas –o de las no políticas-- son el encontrarnos con una situación como la de hoy, en la que solo se han adjudicado 36 megavatios de energías alternativas en tres años, se sigue comprando electricidad a precio de oro en otros mercados y seguimos tan expuestos como siempre a que nos pase lo peor.