Opinion | 11 Feb “Lo más negativo de esas declaraciones es que reeditan una vieja historia de antagonismo campo-ciudad, cuando tendríamos que aprovechar las actuales adversidades para tender puentes y tratar que quienes tienen sus campos achicharrados sintieran que les llegan palabras de solidaridad y de búsqueda conjunta de soluciones desde el Poder Ejecutivo”, reflexionó el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, socio director de Blasina & Tardáguila consultores, en entrevista concedida al suplemento “Economía y Mercado” de “El País”.
Esta apreciación surgió a propósito de expresiones de jerarcas de gobierno, fundamentalmente del prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, respecto a que los productores son los responsables del impacto negativo de la sequía por no haber adoptado medidas preventivas en tiempo y forma y generar un colchón de recursos cuando las cosas venían bien.
Claro, más allá de que lo haya dicho el integrante de un gobierno que no adoptó ninguna previsión durante la bonanza para hacer frente a la preanunciada crisis internacional que se manifiesta, la reflexión viene a cuento de una antinomia campo-ciudad que sobre todo tiene su expresión en ámbitos de la capital en los que se evalúa con visión maniqueísta la realidad del hombre de campo y del Interior en general.
Blasina señala que “si entrásemos en el juego de echar culpas, todos tendríamos nuestra cuota parte de responsabilidad. Lo importante es que todos --gobiernos, productores y gremiales-- tomen el cambio climático como un desafío colectivo hacia adelante, aunque la sequía se termine”.
El punto es que esta antinomia soslaya el aspecto sustancial en juego, que es el esquema socioeconómico y productivo del país, que se sustenta inequívocamente en una base agropecuaria que crea la mayor parte de la riqueza, y que es preciso preservar y desarrollar por encima de coyunturas.
Es cierto, en períodos de sequía se pone de relieve la vulnerabilidad del país en cuanto a la disposición y racionalización de su potencial hídrico, para lo que no solo se necesitan recursos, sino el diseño de un plan de mediano y largo plazo que persiga objetivos claros. Nadie puede negar a esta altura la necesidad de implementar una red nacional de reservas de agua, apuntando al almacenaje y distribución, pero también promover la utilización del agua del subsuelo con fines específicos, en grado tal que no se amenace la disponibilidad del recurso.
Lamentablemente, en nuestro país, por idiosincrasia, solemos acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, y de la sequía cuando ya las cosas no tienen remedio, y las medidas paliativas que se ponen en marcha, sobre todo en este último caso, han sido tardías e insuficientes, agravadas por manifestaciones de soberbia, incomprensión y un alto contenido ideológico de algunos integrantes del gobierno que siguen considerando a los productores bajo el estereotipo de “empresarios barrigones” que viven en la opulencia, que pasean en Punta del Este mientras engordan el ganado u otros sacan la cosecha.
Pero como bien declara el ingeniero agrónomo Blasina, es impensable que el país pueda salir adelante sin un grado de complementariedad imprescindible, dejando atrás la dicotomía campo-ciudad, desterrando la arraigada cultura de arreglar el país en las charlas de café, a que son tan afectos los montevideanos, que ven al ombligo del mundo en la capital, y con decisiones de una burocracia que desde la comodidad de sus escritorios céntricos pretende decidir los destinos del país como si tuviera amplio conocimiento de causa.
Las sequías no son nuevas en el Uruguay y tal vez --solo tal vez-- estemos ante un cambio climático que las genere con mayor frecuencia, lo que es imposible de evaluar en tan corto período. Y estamos sin dudas ante uno de los aspectos en los que deben desarrollarse políticas activas en favor del campo, tanto en lo que refiere a los aspectos técnicos, con apoyo de los respectivos equipos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y consultorías técnicas, como en la instrumentación de créditos blandos y apoyo específico mediante exenciones impositivas a quienes reinviertan en sus respectivas explotaciones para desarrollar infraestructura con este fin, entre otras posibilidades.