Paysandú, Jueves 19 de Febrero de 2009

LEY DE CADUCIDAD

Parlamento se prepara para responder al pedido de aplicar inconstitucionalidad a tres artículos

Nacionales | 19 Feb El Poder Legislativo se apresta a expedirse esta semana sobre la vigencia de la ley que impide juzgar a los autores de los crímenes cometidos durante la dictadura, luego de que, ante un pedido de la fiscal Marta Guianze, el Poder Ejecutivo considerara el martes que la misma es inconstitucional.
La oposición considera innecesaria la discusión parlamentaria, en tanto fuentes de la SCJ señalaron que los fallos anteriores no tienen incidencia en futuras determinaciones.
La determinación que divide las aguas en el seno político y social se conoció a ocho meses de las elecciones y en momentos en que organizaciones sociales y sindicales llevan recogidas unas 200.000 firmas para convocar a un plebiscito que permita anular la llamada Ley de Caducidad.
“La visión de los poderes Ejecutivo y Legislativo no embreta a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), debido a que las posturas de las partes no son vinculantes y llegado el momento la Corte se expedirá en uno u otro sentido con absoluta independencia”, aseveraron fuentes del máximo órgano judicial.
No obstante, nadie duda de las consecuencias políticas que podría traer aparejado el pronunciamiento del gobierno, que disparó fuertes críticas en la oposición como consecuencia de la impugnación de tres artículos de la ley.
Desde filas castrenses se tomó con “sorpresa” la decisión del Estado, “sobre todo luego de que el presidente Tabaré Vázquez corroborara en el acto de asunción su propósito de mantener vigente la ley con excepción de algunos casos puntuales” dijo el presidente del Círculo Militar, Ricardo Galarza.
A la luz de lo expuesto “parece que todo lo perverso ocurrido en aquella época fue obra de las Fuerzas Armadas, mientras que los tupamaros, que eran terroristas revolucionarios, querían traer el bienestar del pueblo”, ironizó el general retirado del Ejército.
De su lado, el senador y precandidato presidencial José Mujica manifestó que estaría dispuesto a perdonar a aquellos militares que revelen datos fidedignos sobre las torturas, asesinatos y desapariciones ocurridas en el régimen de facto.
“Me interesa que aparezca la verdad, y cambio la verdad por la conmutación”, señaló Mujica a “El Observador”.
La resolución final de la SCJ sobre la excepción de inconstitucionalidad planteada, no tiene plazo para su promulgación, pero según los últimos antecedentes, el órgano suele expedirse en un período de seis meses a un año.
“El análisis implica analizar, por un lado, la posición de la fiscal Guianze pidiendo que se declaren inconstitucionales los tres artículos; por otro lado analizar la posición del Poder Ejecutivo, que como sabemos es de allanamiento, es decir, se allana a la pretensión que plantea la fiscal Guianze, y por otro lado la del Parlamento que no sabemos cuál va a ser. Pero además de eso, participa del mismo procedimiento el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, que una vez que se reúnan estos elementos también va a dar su posición”, explicó ayer el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat.
Si bien el próximo veredicto alcanzará en una primera instancia al caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974 en una unidad militar, puede abrir las puertas a la investigación de causas similares y al enjuiciamiento de más militares y policías implicados en crímenes de lesa humanidad.
Una de las principales figuras de la oposición, el precandidato nacionalista Luis Alberto Lacalle, consideró innecesario que el Parlamento se expida respecto a la inconstitucionalidad de la ley, dado que esto es resorte exclusivo de la SCJ.
“Parece que a la Constitución la estamos queriendo cambiar día a día. Acá resuelve sobre inconstitucionalidad solamente la Suprema Corte”, afirmó Lacalle. Asimismo, el diputado colorado José Amorín opinó que esta no es una cuestión que deba ser tratada en el ámbito parlamentario. “Cuando llegue el tema veremos y lo estudiaremos”.
“En principio le digo que la inconstitucionalidad de la leyes es un tema que compete a la Suprema Corte de Justicia y para el caso concreto. No entiendo para qué tiene que venir al Parlamento”, opinó.


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