Opinion | 17 Feb Entró en vigencia en los últimos días la Ley 18.456, que establece nuevas reglas de juego para el empadronamiento de vehículos en todo el país, debiendo éstos tributar en el departamento de residencia o donde el propietario desarrolle su actividad económica principal.
La nueva norma aplica para todos los vehículos empadronados o reempadronados a partir del 1º de enero de 2008, cuyos propietarios tienen plazo hasta el 31 de diciembre del presente año para regularizar su situación, pudiendo luego de ese período ser objeto de sanciones administrativas y hasta judiciales por parte de la intendencia afectada.
“Para las personas físicas el domicilio permanente será aquel en el que se tiene la residencia” pero “sin perjuicio de ello, en caso de tener actividades laborales o intereses económicos en otra jurisdicción que se relacione con la circulación habitual de los vehículos empadronados o a empadronar, podrán optar por radicarlos en la jurisdicción de esa actividad laboral o interés económico”, dice el texto legal.
Los contribuyentes no residentes en el territorio nacional deben empadronar el vehículo en el domicilio o residencia donde más tiempo permanezcan en el país o en el lugar donde radique el núcleo principal de sus propiedades inmobiliarias o la base de sus actividades o intereses económicos o vitales.
Como todos sabemos, el de las patentes es un tema sobre el cual se ha venido discutiendo en los últimos 30 años, respecto al cual se han alcanzado una y otra vez acuerdos que los propios intendentes han dejado de cumplir por la sencilla razón de que la captación de vehículos de otros departamentos para empadronar en el propio aumenta la recaudación.
Ahora se ha aprobado finalmente una ley que reconoce la potestad constitucional de los gobiernos departamentales de decretar y administrar recursos en su jurisdicción geográfica, lo cual genera el tributo en el domicilio permanente del titular del vehículo.
El país parece haber perdido con la aprobación y entrada en vigencia de esta ley uno de los temas de debate nacional, aunque tiempo atrás sonaron amenazas de recursos y apelaciones a la inconstitucionalidad de la norma. Provenían de las intendencias que no querían que se creara una especie de “corralito departamental” para el empadronamiento de vehículos. Así que habrá que ver si hecha la ley en verdad no seguirán las trampas.