Locales | 21 Feb Para el presidente de la Cooperativa Uruguaya Solidaria de Afiliados (Cusaf), Eduardo Evangelista, el Banco de la República no está cumpliendo la ley que contempla la consolidación de adeudos de funcionarios del Estado, incluyendo municipales, para que éstos puedan recomponer su ecuación económica y afectar un porcentaje de los ingresos a pagar a largo plazo sus compromisos con el sistema financiero.
Manifestó Evangelista que “esta es una perla más que se agrega a la situación del sistema financiero. Venimos desde 2003 denunciando que los bancos en general funcionan mal, porque la superintendencia del Banco Central no controla nada. Es por eso que en el caso del Banco de la República, en octubre de 2008 fue condenado por unanimidad del Tribunal de Apelaciones por usura y ahora este banco, en su actitud desafiante de las leyes, sus gerentes, el Directorio presidido por Calloia –no sé si respaldado por el ex ministro Danilo Astori—han decidido no cumplir con la ley que se acaba de votar para consolidación de adeudos, la 18.358. Este banco la está desoyendo, no ha dado instrucciones a ninguna de las gerencias ni ha tomado ninguna actividad que lleve al cumplimiento de las normas dentro de este banco”.
“Además se ve que ha dado instrucciones a todas las gerencias para que actúen en forma totalmente displicente, ignorando la posición de la ley y lo que a nosotros nos lleva a indignación permanente. Porque amén de que el Banco Central no controla y el Banco de la República se toma atribuciones de desoír la ley, acá tenemos el agravante de que en el Poder Judicial los fiscales, ante la situación de incumplimiento de una norma tienen, ante el conocimiento del hecho, la posibilidad de actuar de oficio, sin que medie una denuncia escrita”, observó.
“Esto me indigna sobremanera. Nosotros hemos comunicado a la asociación de fiscales, por correo electrónico, nuestra intención de revisar la conducta de los fiscales y el incumplimiento de leyes que el país tiene, pero la asociación de magistrados entiende que no se debe de reunir con Cusaf porque ello significaría presión sobre los fiscales”, apuntó. “Esto es inaudito, es vergonzoso, y cuando algunos ciudadanos decimos que estamos en un sistema judicial bananero se ofenden y dice que la expresión bananera dicha por los ciudadanos es ofensiva al instrumento judicial”, acotó.
“Otra cosa no podemos decir”, manifestó, al señalar que “es una ofensa que el sistema judicial no haga cumplir las leyes. Tenemos los bancos acumulando sentencias de usura permanentemente, año tras año, y no he visto que se sancione al Banco Central por incumplir con las normas”.
Apuntó que “estamos arribando una vez más a una situación de que el respeto por la Constitución y las leyes es inexistente y si en un sistema democrático organizado como el nuestro, que descansa en los tres poderes base, es decir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, las leyes son violadas por los tres simultáneamente, entonces qué le queda por hacer al ciudadano”.
Preocupación de funcionarios
Apuntó Evangelista que el no cumplimiento de esta ley afecta a todo el funcionariado público nacional y municipal que estaba contemplado por esta norma, “es decir a miles y miles de ciudadanos que como no saben o desconocen el alcance de la ley, están en silencio y esperando que alguien lo señale”.
“Esto lo venimos a procesar a raíz de un planteo de Adeyom Paysandú, que llamó preocupado porque no podía resolver con la Intendencia la consolidación de adeudos y nosotros comenzamos gestiones en este tema, para descubrir que el banco ha decidido incumplir la norma lisa y llanamente”, explicó.
“No obstante, mientras hay un banco extranjero que todo indica está cumpliendo con esta norma, el banco nacional, el banco de fomento, el banco insignia de nuestro país es el primero en no atender estas cosas, en actitud de soberbia e impunidad”, subrayó.
La consolidación significa que los empleados públicos puedan sacarse de encima las deudas que tienen contraídas, en una reprogramación que inhabilita tomar nuevos créditos hasta que no pague esta reprogramación y obliga a los acreedores a aceptar la forma de pago que se plantea en la norma, que acota los porcentajes a los ingresos, explicó.