Opinion | 22 Feb Todo indica que el Poder Ejecutivo ha revisado números y escenarios posibles y se ha encontrado con que el incremento adicional prometido para el funcionariado público en abril y retroactivo no permite más o menos cerrar las cuentas del gobierno, por lo que anunció a la gremial que lo nuclea, COFE, que en lugar del 4 por ciento a pagar retroactivo a enero, quedará en el dos por ciento.
En su momento, para evitar un elemento de conflicto en pleno año electoral, el Poder Ejecutivo había comunicado a la confederación que al 7,2 por ciento de reajuste vigente desde el primer día de 2009 para el sector, se agregaría el mencionado adicional retroactivo al 1º de enero.
Empero, tras la necesidad de evitar conflictos, reflexionó que el compromiso era demasiado gravoso para las finanzas públicas, es decir que no iba a ser tan fácil sacarle plata a todos los uruguayos para hacer frente a esta erogación, cuando estamos ingresando en un período en el que la economía mundial se resiente a ojos vistas, y las exportaciones uruguayas deberán enfrentar crecientes dificultades en los mercados internacionales.
Por lo tanto, al darse cuenta de la magnitud del error, intentó la marcha atrás y comunicó a COFE su intención de dejar en la mitad el reajuste adicional. Pero el gobierno ha cometido un nuevo dislate, por un voluntarismo del que mide tarde y mal las consecuencias, y también debe aprender del razonamiento popular de que sacarle el hueso de la boca a un perro, después de dárselo, equivale a recibir una mordida.
Ya los trabajadores de la administración central desecharon en asamblea la propuesta de esta rebaja del aumento, y en este sentido el secretario general de la organización, Joselo López, indicó que el sindicato seguirá reclamando el cumplimiento del convenio sin aceptar ningún otro planteo.
Es que estamos ante un conflicto de intereses, y no puede cuestionarse que la gremial defienda con uñas y dientes lo que ya consideraba como una cuestión definida a su favor, porque para eso ha sido creada, es decir para negociar y defender los intereses de un sector.
En cambio, el Poder Ejecutivo debe atender el interés general, y es en este aspecto donde se genera la colisión, desde que jugar para la tribuna y caer simpático es muy atractivo, pero cuando llega la hora de sacar recursos a unos para dárselos a otros, las cosas se ponen más difíciles, porque nadie quiere ser el pato de la boda y menos cuando el escenario se viene a menos.
Peor aún, cuando los recursos que se detraen con este fin provienen de los sectores que mueven la economía, es decir de la actividad privada, donde el empresario afronta a diario los riesgos inherentes a su emprendimiento, y a la vez los trabajadores ponen en riesgo sus ingresos y muchas veces la estabilidad laboral en momentos de crisis, suena a irracional que se contemple especialmente a los sectores que perciben salarios por lo menos decorosos, y que gozan de una estabilidad laboral basada en las penurias e incertidumbre de todos quienes financian al Estado.
Este esquema no es difícil de comprender, y en esferas de gobierno se lo tiene más o menos asumido, solo que no encuadra en el enfoque ideológico de muchos de sus integrantes, y hay decisiones que se están adoptando contra viento y marea para demostrar que se estaba en lo cierto en la campaña y en la forma en que se debe conducir un gobierno.
Por supuesto, la realidad es la que manda, y en este ir y venir de transferencias de recursos se corre el riesgo de que por acallar a los que más reclaman y plantean conflictos en caso de no ser satisfechas sus reivindicaciones, el remedio resulte peor que la enfermedad.
Así, no se necesita mucha ciencia para discernir claramente que el aumento que se de a los públicos en momentos de crisis significa poner cada vez más en riesgo la situación laboral de los privados, que no tienen inamovilidad y tampoco la certeza de que las empresas en las que trabajan no se fundirán en la crisis, contrariamente a lo que ocurre en el Estado, donde se utilizan los recursos que aporta toda la sociedad para enjugar sus déficit, sin que a nadie se le consulte ni sea de interés hacerlo, por supuesto. De ahí que resulte extraño (¿realmente?) que dentro de la propia central sindical los representantes de los sectores de trabajadores privados no adviertan que la mentada “solidaridad” entre los sindicatos en los hechos no existe, y que todo está flechado para que los beneficiados de siempre en el Estado sigan gozando de sus ventajas, aunque ello sea a costa de desempleo y reducción de ingresos reales de los privados que crean la riqueza.