Opinion | 20 Feb Según un estudio de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), desde la prohibición de fumar en lugares públicos hay una disminución de la nicotina en el ambiente del 90% en Uruguay, según publicó ayer diario “Últimas Noticias”. La investigación comprendió una medición comparativa de la cantidad de nicotina en el aire en 2003 y 2007 en hospitales, intendencias, aeropuertos y bares, que determinó una notable mejora de la calidad del aire.
Dicho estudio es la constatación científica de una apreciación que la población, y sobre todo aquellos que nunca fumaron, realizan y valoran habitualmente.
Los que no fuman ya no regresan de trabajar, del restaurante o de hacer trámites con los pulmones, el pelo y la ropa cargados de humo. A dos años de la vigencia del decreto, da la impresión de que el hecho de que se haya incorporado como normal la ausencia de humo de tabaco hace que resulte más notorio su incumplimiento en los casos en que se registra.
En los últimos días se multó en Montevideo a varios taxistas y está en marcha una investigación a un parque acuático de Salto en el que se identificaron sombrillas y papeleras que publicitan una marca de cigarrillos.
Más allá de la notoriedad que han tenido algunas sanciones, los controles inspectivos no han sido abundantes; sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con la obligatoriedad del uso del casco, la prohibición de fumar en espacios cerrados ha contado con la ventaja del control social como aliado. Es la vigilancia social la que ha garantizado que la norma se sostenga en el tiempo y de ella depende que los transgresores no ganen terreno desandando el camino avanzado. Todos sabemos que sostener los avances, cualquiera sea el ámbito de referencia implica una complejidad. Sin embargo en materia de salud pública perder terrenos conquistados seria una crueldad, por lo que el desafío debe renovarse para mantener la mejora.