Opinion | 22 Feb Hace tiempo que Paysandú dejó de ser una ciudad segura. Sin embargo, hay factores que indican una clara tendencia hacia un aumento en la inseguridad, con delitos cada vez más violentos, frecuentes y generalizados en toda el área urbana. Hoy ya no se está seguro en ninguna parte, no hay barrio ni propiedad a cubierto de los delincuentes, no importa el horario, la edad avanzada de la víctima ni el daño que pueda causar el arrebatador o ladrón. Por un botín de unas pocas monedas se destruye un automóvil, un zaguán o las chapas de un techo de una propiedad sin el menor remordimiento, o se lastima a un anciano para quitarle un monedero que casi siempre porta lo justo para una compra necesaria de bajo valor.
Pero quizás la diferencia más notoria con tiempos pasados sea que ya poco importa al delincuente pasar desapercibido, así como tampoco cuenta el daño físico que pueda causar a su víctima, aún cuando pone en juego la vida de terceros hasta como diversión. Los antisociales se entretienen impunemente jugando al tiro al blanco con armas de fuego, y los objetivos son sus propios vecinos o quien se acierte pasar por “su” barrio; los principales accesos a la ciudad son campo de maniobras de jóvenes que cobran peaje o destrozan a pedradas los vidrios de los automóviles que circulan para obligarlos a detenerse y así asaltarlos, al mejor estilo del Lejano Oeste; los delincuentes son protegidos por sus vecinos en barrios en los que nadie se arriesga a entrar porque hasta la Policía se ve obligada a retirarse cada vez que es atacada por ejércitos de menores y mayores armados de cascotes y piedras.
A su vez, el mayor gasto social se destina a quienes viven en estos barrios, que así devuelven a la sociedad el esfuerzo que vuelca para brindarles una segunda oportunidad, con cientos de miles de dólares invertidos en sociólogos, sicólogos, “regularizaciones” de barrios enteros con casas dignas, calles asfaltadas, etcétera. La Justicia, en tanto, es mucho más tolerante con los “más desfavorecidos”, y las penas a los responsables de tales desmanes van desde una “anotación” en algún libro de faltas que será desechado al cumplir la mayoría de edad en el caso de los menores, hasta una corta estadía en nuestra “cárcel modelo” si se trata de delincuentes mayores con profusos antecedentes penales. Algo no está funcionando bien en nuestra sociedad. ¿No habría que ser más severos con los que atentan contra ciudadanos que con tanto esfuerzo aportan de sus ingresos para intentar solucionarle sus problemas?