Opinion | 28 Feb La irresuelta y ni siquiera abordada tangencialmente, problemática de la minoridad infractora ha cobrado otra víctima: el sacerdote Mateo Méndez renunció a la presidencia del Instituto Técnico de Rehabiiltación Juventil (Interj), dependencia del Inau, como consecuencia de una crisis generalizada en el sistema penitenciario juvenil.
El sacerdote había asumido el cargo con muchas ideas que no pudo --y tampoco le dejaron-- llevar a la práctica, simplemente porque la problemática lo desbordó, prácticamente en todos los órdenes, desde que no encontró apoyo en los mandos superiores, tampoco en los funcionarios, que solo jugaron para ellos y mucho menos en los menores, que no tienen valores y son precisamente el problema.
Es que el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay vive en crisis permanente, y a su inoperancia y falta de medios agrega que debe desenvolverse en medio de un marco legal absolutamente inadecuado, delirante y que no hace ni deja hacer.
Méndez, al fundamentar su denuncia, indicó que dentro del Interj hubo muchas actitudes autosuficientes de “querer enseñar a los adolescentes, pero no de querer aprender con ellos” y que a la vez el INAU y el Interj tienen “mucho de enfermo, de perverso y de corrupción”, lo que por supuesto no es ninguna novedad en un sistema que funciona “pour la galerie” como se aborda en nuestro país toda la problemática de la minoridad a través de los respectivos ámbitos.
La respuesta para empezar a cambiar en algo este estado de cosas debe partir del sistema político, empezando por modificar sustancialmente la legislación sobre la minoridad infractora, para dejar atrás normas de hace casi un siglo, y adecuarlas a la realidad del mundo actual, lo que conlleva además volcar recursos para institutos de rehabilitación y contención, de forma que funcionen adecuadamente. Y esto solo para empezar.