Opinion | 27 Feb La lentitud con que se lleva a cabo la incorporación de generadores de energía eléctrica a partir de fuentes renovables es un síntoma claro de inoperancia y de la descoordinación que existe dentro del Estado, por encima de decisiones políticas que se anuncian y reafirman una y otra vez, pero que tienen fallas notorias a la hora de la instrumentación.
La necesidad de diversificar la matriz y de aumentar la oferta de electricidad es un imperativo no solo para el desarrollo del país, sino también para poder atender más o menos en forma responsable el aumento de la demanda anual por efectos del crecimiento poblacional, así como reducir dependencias y costos por el uso de las usinas térmicas, sin olvidar la compra de energía a los países vecinos a elevados precios.
UTE ha encarado la compra de electricidad a privados a través de llamados a licitación que hasta ahora han sido muy lentos y por una potencia muy limitada, como bien denuncia la Asociación de Generadores Privados de Electricidad, lo que implica una contradicción flagrante con las políticas anunciadas por el Poder Ejecutivo y también lo que indica el sentido común, por encima de estudios técnicos, cuando una y otra vez estamos dilapidando divisas en compras de electricidad en el exteriorpara superar sucesivas crisis a costos muy altos.
No resulta aventurado señalar que de haberse instrumentado políticas activas en este sentido --ya desde anteriores administraciones de gobierno, por cierto-- la situación de hoy sería muy distinta, aún teniendo en cuenta las vicisitudes en el escenario internacional.
En realidad, pese a estas decisiones incongruentes de UTE, que en más de dos años sigue instrumentando la adjudicación de 24 megavatios de los 60 de la primera licitación, que se dividió en dos partes, subsiste interés de inversores privados por participar en la venta de electricidad obtenida de energías renovables, mediante contratos firmes con el organismo. Es decir, asegurando la venta por un período determinado que permita amortizar la inversión, en el caso de emprendimientos nuevos, en tanto en lo que refiere al mercado spot o circunstancial resulta atractivo para empresas que tengan instaladas usinas para abastecimiento propio y decidan en cierto momento vender sus excedentes a UTE a mejor precio.
Pero claro, toda inversión conlleva riesgos económicos, por lo que se requiere un mínimo de seguridades para decidir afrontarla. Eso es fundamental para lograr la respuesta que se busca en áreas estratégicas como la generación de electricidad. Por tanto deben buscarse las mejores alternativas para llegar a una diversificación en base a fuentes energéticas como la solar, la biomasa y la eólica, sin descuidar la posibilidad de instalar una central nuclear si los estudios que se concreten con ese fin así lo aconsejaran.
El Estado no solo debe llamar a licitación y mantener una actitud neutral, sino buscar herramientas que tornen más favorable la ecuación económica de los inversores, en vez de buscar recaudación inmediata por impuestos. En este contexto, debe evaluarse como positiva la intención del Poder Ejecutivo, transmitida por el director nacional de Energía, Roberto Kreimermann, en el sentido de que se instrumentarán facilidades tributarias con vistas a desarrollar las industrias de equipamiento para energía, de tal modo que las nuevas iniciativas de energía renovable no tradicional puedan utilizar equipos de producción nacional.
El jerarca precisó que para desarrollar la industria de equipamiento para energía se devolverá el IVA a las compras de insumos en el exterior destinados a fabricarlos y a la vez los que compren ese equipamiento nacional serán exonerados del pago del IVA. Este mecanismo tendría una contrapartida por el lado de valor agregado nacional y los términos del estímulo se dispondrían a través de un decreto amparado en la ley de Promoción de Inversores, en tanto las empresas que tienen proyectos de este tipo actualmente pueden importar el equipamiento con exoneración del IVA si es que no existe un fabricante nacional.
La idea de la citada dirección es compartible en su filosofía, pero a la vez debe apuntarse a lograr mecanismos tendientes a mantener determinados estándares de calidad, teniendo en cuenta que se trata de una decisión de carácter estratégico y deben ponderarse decisiones costo-beneficio a favor de los inversores. Otro aspecto fundamental a tener presente, para no confundir escenarios, es que actualmente no existe infraestructura ni capacitación para la fabricación de los equipos y que la reconversión ya no puede esperar más.