Opinion | 23 Feb En tiempos de crisis suelen revelarse en toda su magnitud las asimetrías e incongruencias de la cadena de comercialización que va desde el productor al consumidor, los dos extremos más importantes de la cadena y que sin embargo, como común denominador, resultan los más afectados en su economía porque en el medio suele quedar la mayor parte del valor final del producto.
Eso no es novedoso, sino que es un problema tan viejo como el mundo mismo, sobre todo si se tiene en cuenta que quien se especializa en producir difícilmente sea buen comerciante o pueda dividir racionalmente sus esfuerzos como para estar en la procesión y en la misa al mismo tiempo.
Con todo, igualmente debe tenerse presente que las cosas no suelen ser tan fáciles como se presentan en la teoría, y que entre los lugares de producción y el mercado de salida de ésta existe un largo trecho por cubrir, por lo que es inevitable la necesidad de incorporar una aceitada red para hacer que el producto esté en oferta en tiempo y forma donde debe estar, salvo que el consumidor haga algo que no está dispuesto a hacer ni para lo cual tiene los medios: ir hasta donde están los productores o donde eventualmente ellos puedan tener puestos de venta, para comprar la cantidad que necesite en ese momento.
Traemos la reflexión a colación a partir de la situación denunciada recientemente a través de nuestras páginas por el presidente de la Asociación de Granjeros de Salto, Eduardo Tenca, un productor que a través de sus gestiones como dirigente gremial procura concientizar a la ciudadanía y a las autoridades con poder de decisión en esta problemática sobre dónde están las fallas del sistema, a quién perjudican y sobre todo, lo que se podría hacer para que el esquema de la cadena de comercialización no afecte a los dos extremos que realmente importan.
En este caso la problemática abordada refiere a la hortifruticultura, pero en mayor o menor medida no hay producción que escape a esta regla, que se acentúa cuanto mayor sea el grado de intermediación, exceptuando aquellos casos en que efectivamente hay procesos de valor agregado e intervienen por lo tanto otros costos que elevan naturalmente el valor final del artículo.
Y cuando el Poder Ejecutivo pone énfasis en la necesidad de promover el país productivo, no puede obviarse que se ha hecho poco y nada por cambiar el estado de cosas para un productor que percibe $18 por kilo de tomate, cuando la hortaliza se vende a $60 al público, lo que indica que más del 70% del valor final se lo lleva la intermediación, que no agrega nada al producto.
Por supuesto, el que produce y quien paga son los grandes perjudicados en todo tiempo, pero esta injusticia se pone de manifiesto sin disimulo cuando hay productos que escasean y suben de precio abruptamente, y por cada cien pesos que paga el consumidor, el productor solo percibe la cuarta parte.
Según Tenca, el intento de importar productos para abatir los precios al consumo es una medida inconveniente, porque desestimula al productor cuando su producto vale, aunque solo perciba una mínima parte de la venta al público, y el resulado es que tampoco se abaten los precios al consumidor, porque la diferencia sigue quedando en la intermediación.
Ocurre que como bien reflexiona el entrevistado, “estas actitudes hacen que la gente se pregunte si vale la pena seguir plantando, hay mucha incertidumbre”, sobre todo porque en este panorama del mundo al revés sobre el productor recaen todos los aumentos de costos y los riesgos.
Es un problema crónico para el que no se ha encontrado solución, con el resultado de que va cundiendo el desánimo y el productor abandona los campos cuando se cansa de que su trabajo no rinda los frutos esperados, pese a los pomposos anuncios de país productivo y de estímulos que llegan tarde, mal y nunca. La respuesta no es fácil, pero debe empezarse por lo obvio, que es establecer canales de diálogo con las organizaciones de granjeros, con una participación directa del Estado en aporte de técnicos para una evaluación y diagnóstico de la situación. Además, son imprescindibles políticas consecuentes para considerar en forma conjunta alternativas de comercialización, promoviendo asociaciones de productores, con apoyo crediticio y asesoramiento técnico, como una forma de ir haciendo camino y experiencia para que participe en más etapas de la cadena, y lograr así que su esfuerzo se vea realmente recompensado.