Locales | 23 Feb En la sesión del jueves anterior la Junta Departamental aprobó por unanimidad de 26 ediles presentes en sala, una moción del edil nacionalista Rubens Francolino para intentar que las islas del río Uruguay -territorio fiscal todas ellas- pasen a ser administradas por las intendencias ribereñas.
Tal como se publicara en su momento Francolino realizó una argumentación referida a su inquietud que realizara anteriormente -década de 1980-90- en su carácter de representante nacional. Idea que tuvo receptividad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces a cargo del contador Enrique Iglesias.
Pese al eco favorable que obtuvo en el gobierno nacional de entonces, la explotación de las islas por las intendencias del Litoral fue perdiendo fuerza e incluso -dijo el edil- “quizá Paysandú y las demás comunas ribereñas no ejercieron la debida presión”. Al momento de considerarse el tema el edil frenteamplista Walter Duarte le preguntó sobre la propiedad de las islas de soberanía nacional, dada la experiencia de reciente data -citó la publicación en EL TELEGRAFO- del propietario de la isla Caridad que cobra una forma de “peaje” a los compatriotas que cruzan a disfrutar de sus bondades naturales. Asimismo, que seguramente el mejor destino de las gestiones a realizar “no sea Relaciones Exteriores sino la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que es la encargada de las coordinaciones interministeriales”.
Código de islas será clave
Francolino respondió con precisión: “las islas uruguayas del río Uruguay son territorio fiscal, no así las argentinas alguna de las cuales ha sido loteada y esos terrenos rematados”. Por ejemplo, quienes tienen unos cuantos años encima recordarán una venta por remate que se llevó a cabo en la década de 1960-70 en Buenos Aires de la isla Caridad, ubicada frente a nuestra ciudad. Hizo hincapié en que reflotar la iniciativa es totalmente posible “ahora que los límites están perfectamente determinados por el Tratado del Río Uruguay”. Solo faltaría para que ella tenga éxito “lograr la sanción de un Código de Islas que le otorgue la administración de su territorio insular a las intendencias (litoraleñas)”.
Por sugerencia del edil frenteamplista, Luis Lopardo, aceptada por el mocionante, se remitió el tema a la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo, la que deberá informar al cuerpo. Asimismo, desde la misma bancada el edil Santos pidió que también se le remitiera a la Comisión del Cuerpo Deliberante, sobre lo que Francolino -pese a aceptarlo- puso alguna objeción porque -dijo- “este es un tema que le compete al Uruguay y en el cual no es necesario consultar o participar a los países limítrofes. Al cabo Argentina, que usa muy bien sus islas, no lo hace”.