LEY DE CADUCIDAD

Nacionales | 25 Feb La Asamblea General discutirá hoy, a propuesta del oficialismo, la legitimidad de varios artículos de la Ley de Caducidad, aunque aún no está confirmada la presencia de los representantes del Partido Nacional. La oposición considera innecesario el debate, en tanto el oficialismo sostiene que el órgano debe responder a la solicitud de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El presidente de la Asamblea General y vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, convocó para la presente jornada al máximo órgano representativo, a efectos de formalizar la respuesta que elevará a la SCJ, mientras que algunos representantes de la oposición sembraron dudas respecto al reciente pronunciamiento de la división jurídica del Poder Legislativo.
“Estamos en conocimiento de presiones ejercidas por el presidente de la Asamblea, a través del secretario del senado, para que la división jurídica del Poder Legislativo se expida en el mismo sentido que el Ejecutivo”, subrayó el senador Julio Lara, en la antesala de la sesión.
El pronunciamiento responderá a una consulta de la SCJ que tiene aplicación al caso concreto de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974 en una unidad militar.
“Lo primero que plantearé será una reunión de bancada con los profesionales que fueron presionados cuando elaboraban un informe que señalaba que la ley era constitucional”, indicó Lara, quien acusó al partido de gobierno de fomentar un debate como eje de campaña electoral, de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
Por su parte, la senadora oficialista Margarita Percovich sostuvo que a los poderes Ejecutivo y Legislativo “no les corresponde emitir opinión” y apuntó que la inquietud denota “una debilidad muy grande” de la SCJ. Empero, subrayó que “desde el momento que la ley establece que el Ejecutivo está por encima del Judicial -al permitirle excluir determinados casos de la amnistía y habilitar su investigación-, ya la convierte en inconstitucional”. Percovich adelantó que Nin Novoa citó a la Asamblea General “para dar cuenta de la resolución que tomó como presidente y que consiste en allanar la pretensión fiscal”, en sintonía con la determinación del Ejecutivo.
Independientemente de las posiciones, la resolución final estará en manos de los ministros de la SCJ, que si bien no tiene plazo para la promulgación, suele expedirse en un período de seis meses a un año.
El senador colorado Isaac Alfie adelantó ayer a “El Espectador” que su sector ingresará a Sala, aunque ratificó su posición respecto al carácter innecesario de la convocatoria.
“El Partido Colorado decidió que va a entrar a sala, como siempre entró a sala y va a dar debate como siempre tiene que dar debate en el juego democrático. No nos parece razonable no estar. Nos parece algo del estilo que hizo la oposición de Chávez en su momento, que le regaló la cancha y dejó con el 100 por ciento del Parlamento a los chavistas. Está claro que el Parlamento no tiene nada que hacer en esto”, afirmó Alfie.
El senador Rafael Michelini estuvo de acuerdo respecto a que el tema no le compete al Parlamento, pero insistió en que debe darse respuesta a la solicitud. “Que la fiscal no pide la opinión del Parlamento, no hay duda. Que el procurador del fiscal tampoco lo pide, no hay duda. Pero la Corte sí lo manda. Entonces, el presidente de la Asamblea General puede decir: ‘Bueno, me lavo las manos, no opino, no respondo, respondo que no tengo opinión’. O, en la medida que también estamos ante un pronunciamiento político, el presidente de la Asamblea General dice: ‘Miren, independientemente de que yo no tenga potestades de declarar en cada caso la inconstitucionalidad de la ley o no, yo creo que es inconstitucional’”, opinó Michelini.