Fecha dada es el 15 de abril

Locales | 27 Feb A las 10 y 40 de ayer se hizo presente un funcionario del Juzgado Letrado Departamental de 4º Turno en el barrio Paysandú Sur del Banco de Previsión Social. En pocos minutos notificó a los ocupantes de las viviendas números 21 y 22, retirándose tras una agresión verbal de la persona que le atendió en esta última que -incluso- rompió el cedulón que se le entregara.
En concordancia a lo adelantado por “Pasividades” de EL TELEGRAFO, a la hora diez se hicieran presentes en el barrio ubicado en continuación de Cerrito y Benito Chaín las dirigentes de Ajupe Teresa Zabala, Rita Irisarri y Aída Nerón, la gerenta del Banco de Previsión Social, Marilyn González, y periodistas de distintos medios de difusión.
Mientras se esperaba la presencia del representante judicial, en el salón comunal el presidente de la comisión barrial, Carlos Cardozo, aseguró que la convivencia es difícil y que ello obedece -principalmente- a quienes están ocupando viviendas en forma indebida: “La convivencia es más o menos, tiene más de dificultades que de normalidad, especialmente por la indisciplina de las familias intrusas que no acatan el reglamento interno. Tenemos un reglamento que nos indica la forma de convivencia pacífica. Hoy esperamos que se les comunique el lanzamiento en las casas 21, 22 y 23, luego de que por supuesto estas familias fueran notiticadas por la Justicia”.
Cardozo recordó “estuve integrando la Mesa Intersectorial de Viviendas (que funciona en Ajupe) cuyo fundamental objetivo es que los pasivos ocupen las viviendas construidas con el dinero que se les descuenta”.
“La batalla ha sido permanente para encontrar los caminos y la Intersectorial ha ayudado para que estas viviendas sean ocupadas por sus verdaderos dueños”.
Nueve viviendas
con problemas
En el total de cuarenta viviendas que conforman ese barrio pre fabricado, el primero que fuera construido con recursos provenientes de la Ley 15.900 que determinó un porcentaje de descuento de los haberes mensuales de jubilados y pensionistas, hay nueve que están ocupadas indebidamente. Se trata de las números 3, 4, 7, 18, 21, 22, 23, 29 y 39, todas ellas con diferentes estadíos en cuanto a las acciones judiciales que se encararan en su momento.
En la mañana de ayer aparentemente se notificaría de lanzamiento a tres, pero finalmente solo ocurrió con las números 21 y 22. Consta a EL TELEGRAFO la corrección del alguacil Carlos Giovanini al informar de la situación actual a la ocupante de esa última vivienda citada, pese a lo cual obtuvo como respuesta que esta rompiera frente suyo el cedulón judicial. El citado funcionario judicial ha concurrido anteriormente para el cumplimiento de las debidas notificaciones y la otra familia visitada ayer lo atendió en forma normal. Es más, la jefa de hogar, Silvana Alvarez, nos dijo posteriormente: “recibimos la notificación de que tenemos fecha para salir de aquí el 15 de abril”.
Su grupo familiar está compuesto por dos mayores y cuatro niños de 9 meses, 4, 6 y 7 años respectivamente. Preguntada por el cronista si ya han logrado una solución para reubicarse, contestó: “no tenemos dónde ir, además estamos desocupados. Vinimos acá hace unos años porque la casa estaba vacía”.
Historias paralelas
de necesidad
En el barrio Paysandú Sur del BPS los ocupantes irregulares tienen verdaderas “historias paralelas” en las que se entrecruzan la necesidad de un techo y el factor oportunidad. Es así que la explicación común radica en que “esta casa estaba vacía y me metí”, como admitió la joven madre ocupante de la vivienda número 23 que --evidentemente nerviosa-- esperaba la presencia del funcionario judicial que, finalmente, al menos ayer no se produjo. Añadió, “tengo 21 años, tres hijos de 2, 4 y 7 años y hace cuatro que me metí en esta casa. Estaba vacía, sin artefactos sanitarios, que habían sido robados, y toda sucia”. Admite que ha hecho algunas gestiones por otra casa “en el Ministerio de Vivienda, pero no he tenido suerte”. Para nada diferente es la experiencia de su vecina frentista --habitante ocasional de la casa número 18-- quien con su bebé en brazos comenta: “a mí hace dos meses un muchacho me dio la llave de la vivienda y ahí estoy. Para peor ella tiene 7 meses (señala a su hija) y problemas de salud”.
Legítimos “dueños”
de las viviendas
Las representantes de Ajupe simplemente fueron testigos de lo que se desarrolló, algo lógico en la medida que esa institución se ha preocupado e insistido para que esta situación irregular se resuelva en directo beneficio de los jubilados y pensionistas, legítimos dueños de estas viviendas.
La gerente del BPS en Paysandú, Marilyn González, reconoció a EL TELEGRAFO: “esto que ocurre hoy es de la órbita de la Justicia, pero el Banco de Previsión Social hizo acciones para que se tomen cartas en el asunto y que las viviendas pasen a manos de los jubilados y pensionistas que son los reales adjudicatarios.”
“Nosotros queríamos estar presentes solo para hablar con la gente del barrio, como siempre lo hacemos, así como estamos en contacto con el presidente de la comisión. Este es el barrio de pasivos que ha tenido más problemas y mayor cantidad de intrusos, lo que por suerte se ha ido minimizando”.
Confirmó que para la readjudicación se actuará rápidamente, “nosotros ya tenemos una lista y se reajudicarán ni bien queden libres. Hay variables (relativas a la edad y posibles enfermedades que dan la prioridad) pero la lista está hecha con más de cien personas aunque cambia permanentemente por cuestiones naturales. Para ayudarnos en esto, ahora en marzo, se integra una asistencia social que estará permanentemente en Paysandú”.