Paysandú, Martes 03 de Marzo de 2009
Locales | 27 Feb MONTEVIDEO (Por Teddy Alvarez). Aproase, la gremial que nuclea a los corredores de seguros, iniciaría gestiones ante las autoridades en los próximos días, para postergar la puesta en funcionamiento de la ley que estableció el seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros, en caso de accidentes de tránsito. A nivel interno, la gremial maneja algunos argumentos que podrían determinar la postergación de la vigencia de la norma, como por ejemplo, que todavía no se aprobó el decreto que reglamenta la ley. Además, en los últimos días han surgido versiones sobre la posibilidad de que se incluya la asistencia de las emergencias móviles en los seguros de los autos, lo que en opinión de sus dirigentes, “supondrá más costos para las compañías de seguros” que en definitiva, se van a trasladar “al propio asegurado”, que va a tener que “pagar más por la cobertura”.
Pero el argumento de mayor peso que esgrimiría Aproase en su contacto con las autoridades de gobierno, es que el país ya está en plena campaña electoral y en esas condiciones “es improbable que alguien vaya a querer ejercer los controles que la ley impone”.
“Es evidente que nadie va a salir a controlar porque es una actitud antipática, que provocaría la reacción del ciudadano, que es votante. Desde el punto de vista político va a ser mejor, para quien en este momento está ejerciendo el gobierno municipal, no salir a hacer controles en su departamento, ya sea del Partido Nacional, del Frente Amplio o del Partido Colorado”, manifestaron.
A modo de ejemplo y en línea con ese temperamento, recordaron que se han “flexibilizado” otras fiscalizaciones que antes eran estrictas a nivel de la Intendencia de Montevideo, como el denominado control vehicular, que está vigente hace 10 años y que “hoy prácticamente no se realiza”, salvo cuando “se va a hacer una transferencia del vehículo y el escribano del comprador lo exige”.
En función de estas consideraciones, que “son compartidas por otros actores del mercado”, los dirigentes estiman que la postergación de la vigencia de la ley debería mantenerse hasta “después de las elecciones municipales en mayo de 2010”.
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