Opinion | 01 Mar Para desventura de sectores del gobierno que todavía siguen afiliados a la tesis de la sensación térmica y de que la inseguridad que vive a diario el ciudadano es un invento y “manija” de la oposición, la población uruguaya, hasta de los lugares más recónditos, mal que le pese al gobierno y a la ministra del Interior, se manifiesta en la forma que puede contra esta realidad que afecta su calidad de vida y denuncia al gobierno por hacer caso omiso al reclamo de que se haga algo tangible por cambiar este estado de cosas.
Así, en las últimas horas, como ocurre en reuniones vecinales de Paysandú, de Quebracho, de Guichón y en localidades en todo el país que hasta no hace muchos años la delincuencia era un rara avis, los comerciantes y población de Pando se movilizaron en las últimas horas en reclamo de que el Estado haga algo para evitar las andanzas de una gavilla de menores que tiene aterrorizada a la zona, amparada en la impunidad absoluta de que gozan sus integrantes.
La minoridad infractora es precisamente uno de los factores clave para esta inseguridad y el temor que viven vastos sectores de la población, en la vía pública, en los hogares, en el comercio, en una realidad que no ve solo quien no la quiere ver. Según los damnificados, en Pando son entre quince y veinte adolescentes los que dominan el mapa delictivo del lugar, con edades de entre 14 y 17 años, aunque no se descarta que entre ellos pueda haber algún mayor que participe entre bambalinas de la organización delictiva, que se basa naturalmente en la impunidad de los delincuentes –perdón, infractores-- para agredir y robar sin tener que responder por ello, y en el peor de los casos, ser “entregados” a sus padres, que es lo mismo que dejarlos libres y alentarlos a que vuelvan a delinquir sin solución de continuidad.
Una de las comerciantes que es asiduamente víctima de robos en la zona expresó al diario “El País” que “son los chicos que andan por acá pero nadie los denuncia, ya que no tiene sentido; no van presos, están media hora y se van. Si son menores la gente no los denuncia, uno pierde más tiempo que ellos en la Comisaría. Esto no da para más, en este momento no hay nadie que nos defienda”.
Al mejor estilo del Chapulín Colorado, pero en este caso ni el popular personaje del guionista y actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, con sus limitaciones, estará para defender a la víctima. No lo hace la Justicia, no lo hace la Policía, atada de pies ni manos, y tampoco lo hace el sistema político, sobre todo el actual gobierno, que sigue ocupado en el tema de los “derechos humanos” pero solo desde el punto de vista ideológico, retroactivo a una época en la que hubo responsabilidades por ambos bandos, pese a que el oficialismo insista en poner las víctimas de un solo lado. Pero aquí no puede haber lugar a dudas: la población es la víctima, pese a que el Poder Ejecutivo apela a la retorsión de los hechos y pretenda transferir la culpa a gobiernos anteriores por sus políticas “neoliberales”.
El problema no se soluciona buscando sacarse las responsabilidades de encima, sino asumiéndolas, y este es el gran debe que tiene el acual Ministerio del Interior y el Poder Ejecutivo, que ha pretendido ocultar esta realidad con la “sensación térmica”, luego atribuyendo la situación a intereses políticos de la oposición, y más recientemente, reconociendo que hay cierta inseguridad, pero sin a la vez procurar hacer algo por cambiar este escenario, sino más bien “entreteniendo” el partido para pagar el menor costo político posible.
Pero la porfiada realidad puede más que todos los montajes y maquillajes que puedan ensayarse, y cual boomerang la inseguridad se vuelve contra quien pretenda ignorarla, al punto que hasta el oficialista senador Eleuterio Fernández Huidobro “recomendó” a la población que aprenda a tirar para defenderse de los delincuentes, aunque del otro lado su compañero de sector José Mujica afirmó que lo tiene “podrido” que le digan que hay inseguridad. Pero mal puede juzgar un acto delictivo un gobierno integrado por referentes que conmemoran la “Toma de Pando” como un hecho heroico.
Y más allá de estas contradicciones del oficialismo está una ciudadanía encerrada, que no recibe respuestas, que sufre las consecuencia de leyes que solo protegen al menor y al delincuente, y a la vez limitan seriamente el accionar policial, lo que configura el caldo de cultivo para este escenario, que además se degrada a ojos vistas ante la indiferencia de un gobierno presa de sus fantasmas ideológicos, al punto de poner como víctimas a quienes atentan una y otra vez contra la integridad física y los bienes de los vecinos, y encima hacen gala de su impunidad a la vista y paciencia de todos.