Nacionales | 02 Mar Dos visiones de país
Los empresarios reclaman al gobierno que revea parte de lo acordado en los consejos de salarios, para de este modo amortiguar los efectos de una crisis financiera internacional que ya hace estragos. El ex titular de Economía Isaac Alfie y el ex director de la OPP manifestaron su punto de vista en la sección “Diferencia de opinión” de “El País” y dejaron en claro que aún dentro del Uruguay existen visiones de país muy diferentes.
Alfie entiende que es “poco creíble” que las pautas fijadas por el gobierno con aumentos del orden del 13% para el presente año “sean sostenibles con una inflación del 5% y sin devaluación”.
Opinó que si el gobierno “cambia el eje” y comienza a darle prioridad a la inflación, entonces “va a tener que revisar la indexación salarial”, porque de lo contrario “es muy difícil que la inflación no termine devorando el aumento nominal de sueldos”. Para el ex secretario de Estado el error fue forzar “la firma de aumentos nominalmente importantes en un momento en el cual no estaban dadas las condiciones para ello”.
Para Carlos Viera, el reclamo por modificaciones se basa en el “supuesto” de que hay una crisis “que mira de afuera al país y que esa crisis será internalizada en el país”.
“Yo creo que lo que lo que van a venir, en todo caso, son repercusiones de la crisis internacional”, opinó.
Según su criterio Uruguay no enfrenta problemas con la banca porque ésta permanece “sólida” y se recuperó luego de atravesar la crisis de 2002. “No coincido con la apreciación que hace la Cámara de Comercio en términos generales. Habría que analizar la posibilidad de una renegociación, en la cual todos cedan y no solo una parte”, añadió.
Imputables o inimputables
Cualquier tema, sea de la naturaleza que sea, se politizará de la noche a la mañana. Parece una profecía de Nostradamus, pero no es más que el fiel reflejo de lo que sucede en este Uruguay preelectoral, donde cada situación es explotada hasta las últimas consecuencias en aras de obtener algún rédito político. Pero si encima la cuestión lo amerita, lo que se desata es una verdadera carnicería.
El tema de la minoridad infractora y marginada es --claro está-- uno de los grandes temas nacionales. La dimisión de Víctor Giorgi y del padre Mateo Méndez, desnudó las grandes dificultades que enfrenta el gobierno para atender la emergencia y arrojó un nuevo manto de dudas sobre el futuro de un importante segmento de la población.
Mientras tanto, la dirigencia política volvió a trenzarse en un nuevo debate sobre la necesidad o no de bajar la edad de imputabilidad. Una de las dirigentes consultadas el respecto por “El País” fue la senadora Lucía Topolansky (MPP), quien al igual que gran parte del Frente Amplio se mostró partidaria de mantener la imputabilidad en los 18 años. “El problema está en otro lado, en los países que probaron con eso se demostró que no cambia nada. Es necesario cambiar todo el modelo”, opinó.
Desde la oposición, el ex presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, dijo que la idea de Unidad Nacional es bajar la imputabilidad para de este modo habilitar a la Justicia a estudiar caso por caso y determinar si hay “conciencia y voluntad de cometer un acto delictivo” y así “sacar de circulación” a esos menores que no son más de 200. Planteó la necesidad de crear instituciones adecuadas para contenerlos y rehabilitarlos, en tanto recordó que el Frente Amplio “no ha querido tratar” un proyecto nacionalista que apunta a responsabilizar a los padres por el no ejercicio de la patria potestad.
El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, no es afín de rebajar la edad de imputabilidad, pero plantea que a los menores infractores, al cumplir la mayoría de edad, “hay que computarles los antecedentes de los delitos cometidos como menores, para que si delinquen como mayores se le sumen los anteriores”. “Rebajar la imputabilidad es criminalizar a los menores, lo cual es un error porque ya están sometidos al Código Penal ordinario”, afirmó.
Visión colorada
Los precandidatos del Partido Colorado también manejan una serie de propuestas dirigidas a solucionar el problema de la minoridad infractora. En las “50 medidas para mejorar la seguridad pública” presentadas por el líder de Vamos Uruguay Pedro Bordaberry, se establece que estos menores poseen el “discernimiento” necesario para reconocer el obrar delictivo y señala que la “tendencia internacional en el derecho comparado, ha sido rever la edad de imputabilidad penal reduciéndola a 14 años”. También plantea responsabilizar a los padres por el accionar delictivo de sus hijos menores y crear comisarías especializadas en el manejo de la minoridad.
Luis Hierro López en tanto, se manifestó dispuesto a discutir el tema pero entiende que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de fondo. Reclama la conformación de un cuerpo “bien competente de funcionarios y jerarcas”, capaces de manejar adecuadamente “los instrumentos con que cuenta la administración y la ley”.