Nacionales | 06 Mar Las venias para la asunción de la diputada Nora Castro como presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) aún no se han aprobado, por lo que se desconoce la fecha de su asunción. Castro aseguró a “El País” digital que la auditoría interna del presidente interino Jorge Ferrando, es de “uso” después de las denuncias de corrupción que realizó el ex director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), el padre Mateo Méndez.
Sobre cuáles son sus planes al momento de ejercer la presidencia del INAU, Castro comentó que “se está viviendo una situación de emergencia para la cual hay que aunar esfuerzos. Sin descuidar el conjunto de actividades del instituto, que son varias, debemos centrarnos en tres problemas realmente graves, como son la situación de calle, las adicciones y los menores infractores”.
Por otra parte, ante los acontecimientos ocurridos en el Interj, Unicef - Uruguay considera que “el debate debe de estar centrado en la promoción y protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes uruguayos. Esto incluye a los adolescentes en conflicto con la ley, que en un promedio anual no superan los 400, y que también forman parte de la sociedad”.
En un comunicado, Unicef señala que “la rebaja de la edad de la imputabilidad penal o el endurecimiento de las penas, no dan ni han dado resultado, no garantizan la inserción constructiva en la sociedad de los adolescentes en conflicto con la ley, ni la disminución de delitos, tal como lo demuestra la experiencia internacional”.
El organismo internacional indica que los establecimientos de máxima seguridad de la Colonia Berro “no reúnen las garantías mínimas edilicias, ni sanitarias, ni cuentan con actividades educativas. Es importante destacar que no existen proyectos educativos en diversos establecimientos del Interj. Mucho menos cuentan con un programa especial de atención para los adolescentes. Las 23 horas de encierro diarias en sus celdas y la sobremedicación no son un método adecuado ni digno para que el adolescente en conflicto con la ley asuma una actitud responsable y se garantice su inserción en la sociedad, la protección de sus derechos, la promoción de su bienestar y el de toda la comunidad en general”.