Nacionales | 03 Mar Un proyecto del gobierno para el resarcimiento de las víctimas del terrorismo de Estado en el período comprendido desde la presidencia de Jorge Pacheco Areco hasta el año 1985, desató una nueva controversia en el ámbito político de nuestro país. El frenteamplista Diego Cánepa y el colorado Daniel García Pintos evidenciaron posiciones antagónicas frente a la iniciativa oficialista, en tanto el teniente coronel Raúl Mermot dijo que solo conseguirá reabrir viejas heridas.
“Un reconocimiento muy fuerte de que previo al golpe de estado hubo en algunos casos, en un Estado Constitucional, una agresión ilegítima por parte del Estado, sin duda cuando, inspirados en una doctrina de seguridad nacional existieron estas limitaciones a lo que era el mandato constitucional y hubo casos de violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado”, afirmó Cánepa.
Mientras tanto, García Pintos, remitiéndose a la Constitución de la República, recordó que en su artículo 168 –numeral 17- la Carta Magna expresa “claramente” que “son facultades del presidente de la República –precisamente- el tomar medidas prontas de seguridad cuando las circunstancias de emergencia –de amenaza exterior o conmoción interna- así lo exigen”.
“La Constitución obliga al presidente de la República a tomar las medidas prontas de seguridad, pero comunicarlas al Parlamento dentro de las 24 horas”, expresó García Pintos e insistió en que el presidente “hizo lo que debía hacer” para preservar el “orden” y las “bases institucionales”.
El proyecto, cuya parte medular también constituye una autocrítica a la actitud del Estado durante la dictadura, estará listo en aproximadamente dos semanas e incluye una reparación integral a las víctimas de la represión. El teniente coronel Raúl Mermot, quien acompañó al Parlamento a García Pintos, dijo que el proyecto reabrirá viejas heridas.
“Queremos, de todas formas, buscar un punto de encuentro y esto, realmente, es todo lo contrario. Vuelve a abrir heridas, a abrir períodos de la vida del país que tendrían que estar superados. Sin embargo, no solamente los reclaman o los mencionan, sino que los encuadran de acuerdo a su criterio. Ven que los hechos malos fueron desde el 73 al 84, pero antes estuvo la ‘cárcel del pueblo’, secuestros y asesinatos y esto no se menciona. No está en la memoria de ellos y, por lo tanto, no se traslada a la población”, dijo Mermot.