Opinion | 04 Mar A partir de la renuncia del padre Mateo Méndez a la presidencia del Interj, para cuya gestión contó con la confianza personal del presidente Tabaré Vázquez, y la posterior dimisión del presidente del directorio, Víctor Giorgi, el problema de la minoridad infractora se ha incrustado como un presente griego en la agenda del gobierno, que por estos días está ocupado en tratar de distraer la atención de la ciudadanía en el “descubrimiento” de la inconstitucionalidad, derogación o anulación de la Ley de Caducidad, como si éste fuera el tema número uno en la agenda del ciudadano.
Pues si así lo piensa, la fuerza de gobierno se equivoca de medio a medio y no palpita con los verdaderos problemas de la población, que pasan por el empleo, la inseguridad y la erosión del poder adquisitivo que desmienten lo que indican las estadísticas, por lo menos en el caso de los hogares de menores ingresos.
Es que todavía las autoridades no asumen que el ciudadano común está harto de la explotación política de un tema muy penoso pero en el que solo pone énfasis en el terrorismo de Estado, que efectivamente lo hubo y no nos cansaremos de condenarlo. Pero a la vez se pretende hacer creer que los tupamaros robaron, asaltaron, asesinaron y se alzaron en armas contra la dictadura, cuando no tiraron siquiera un hondazo contra los militares en ese período. Porque se levantaron contra un gobierno constitucional y fueron derrotados militarmente en 1972, antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
Todo lo que se califique, se agregue y distorsione, como en el tratamiento que hizo el oficialismo de la historia reciente, es simplemente un intento de quitarse responsabilidades y contar a quienes no vivieron ese período una historia diferente a la real, apostando a que el paso del tiempo pinte como mártires a quienes cometieron delitos argumentando motivos ideológicos, para imponer por la fuerza un régimen similar al que gobierna Cuba desde hace más de cincuenta años.
Pero como los hechos hablan por sí solos y son irrefutables para quien tenga una visión más o menos objetiva de cómo se dio el proceso que desembocó en la dictadura, resulta sí mucho más importante para el presente y el futuro del país encarar la problemática de la minoridad infractora a partir de los nuevos elementos que se generaron con los relevos en los organismos del Instituto Nacional del Menor (INAU). El sacerdote Méndez explica su renuncia en una serie de elementos que en suma indican que la maquinaria perversa montada en la dependencia que le tocó encabezar pudo más que todo intento de cambiar las cosas y la frustración por comprobar in situ que no solo los problemas son graves, sino que no existen políticas claras, tampoco instrumentos ni recursos suficientes y sí existe paralelamente un marco legal que es absolutamente irracional para lo que se pretende regular.
En cambio no han sido explicados los motivos de la renuncia del ex presidente Víctor Giorgi, aunque su gestión ha sido deficitaria, en tanto la designación de la diputada Nora Castro --del mismo sector político-- como nueva presidente del instituto, indica que por encima de la rotación de nombres, las visiones son las mismas, por lo que no pueden esperarse cambios significativos para una problemática tan compleja como sensible para una opinión pública que como regla general reconoce el origen social de muchos de los problemas que se generan con la minoridad, a partir de la degradación de la célula familiar, de valores y la marginación, pero que también reclama desesperadamente que se adopten medidas que permitan por lo menos contener a delincuentes precoces que agreden, roban y matan para lograr sus objetivos, al amparo de su impunidad absoluta.
Y el fracaso del INAU es notorio en todas sus competencias porque no protege a la minoridad desvalida, pone énfasis en lo accesorio y deja pasar lo realmente importante, cuenta con poco personal inspectivo y escasa o nula capacitación de sus funcionarios, y desde el punto de vista de la rehabilitación y la contención no solo puede decirse que el resultado es un cero absoluto, pues sus institutos --incapaces de contenerlos-- se convierten en escuela para perfeccionamiento de delincuentes, agravando las consecuencias de leyes que han quedado absolutamente fuera de tiempo.
Es decir que la continuidad en esta “no política” es lo peor que puede pasar, porque parte de un diagnóstico teñido de ideología que se lleva por delante la realidad, pretendiendo acomodarla a sus creencias, en vez de aceptar los hechos y reconocer que por esta línea solo se irá de fracaso en fracaso.