Paysandú, Miércoles 11 de Marzo de 2009
Opinion | 05 Mar Si bien rige una ley que prohíbe el uso de la energía nuclear en el país, se concretó la primera reunión del grupo multipartidario que analiza la viabilidad de instalar una central atómica, en un cambio de escenario que parte de la premisa de que de no lograr la incorporación de mayor potencia, gradualmente se incrementará el déficit de generación eléctrica.
En suma, debería derogarse el artículo de la ley que establece dicha prohibición, para al menos iniciar la tarea sin este contrasentido legal, más allá del pronunciamiento al que llegue esta comisión, cuya conformación ha sido un acierto del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta lo delicado del tema, que tiene muchas puntas y es siempre motivo de controversia. Es además un aspecto en el que el país debe asesorarse pero a la vez adoptar sus propias decisiones en base a sus intereses y condiciones, porque son numerosos los factores en juego.
En esta primera jornada de trabajo del grupo convocado por el presidente Tabaré Vázquez hubo planteos que recogieron consenso, aunque se trata de puntos secundarios que no van al fondo de la cuestión, como es el caso de promover la decisión política de derogar el referido artículo. Eso fue bien resumido por uno de los integrantes, el senador nacionalista Ruperto Long cuando subrayó que “empezamos a recorrer un camino en el cual vamos a tener que adoptar decisiones sobre un tema prohibido: es una contradicción”.
Por cierto lo es y seguramente se podrá contar con las mayorías para que no aparezca esta incongruencia, aunque ella no influya en el problema de fondo. Lo importante es que deberán surgir recomendaciones no vinculantes de un grupo de trabajo que está integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo y un delegado por cada partido de la oposición. En ese ámbito se desarrolla la denominada “fase uno”, en la que se reunirá información y se intercambiarán opiniones sobre la energía nuclear a efectos de presentar elementos valederos para que el sistema político adopte decisiones que deberán enmarcarse en los lineamientos de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
La integración de la comisión es un paso imprescidible para una discusión madura y desprejuiciada sobre ventajas y desventajas del uso de una energía que es resistida por grupos ambientalistas, aunque en el caso de los de Gualeguaychú, que dicen serlo, parece importarles poco el funcionamiento de las centrales de Atucha a muy pocos kilómetros y la consecuente disposición de residuos nucleares que no se degradarán ni en siglos, y sí la presunta contaminación por una planta de celulosa que responde a las exigencias internacionales más severas.
El manejo de la energía nuclear ha mejorado sensiblemente a medida que ha evolucionado la tecnología, y se está muy lejos de los riesgos que pautaron el desastre de la central de Chernobyl, en la antigua Unión Soviética, que marcó un antes y un después en la instalación de centrales atómicas en todo el mundo. Pero también es cierto que no hay industria ni actividad humana con cero riesgo ni algún componente de contaminación. No obstante, la evaluación no debe dejar de lado el aspecto estratégico, desde que la generación de electricidad por energía nuclear significa mantener las dependencias tanto en tecnología como en el uso de materia prima, además del manejo de desechos tóxicos en algún lugar del territorio nacional, y de los cuales todos querremos estar lo más lejos posible, por supuesto.
Este estigma de la contaminación es el factor de mayor incidencia en la consideración de este grupo de trabajo, seguramente, desde que hasta ahora la única alternativa ha sido la de depositar los desechos en recipientes sellados, bajo tierra, apostando a que algún día se pueda avanzar en la tecnología para hacerlos inocuos. Y pese a que existen anuncios de que hay países en los que se está logrando reciclar esos desechos en la propia central, siempre queda en el aire la pregunta de si realmente vale la pena el riego, si la visión estratégica paga el precio de esta inversión, si no se verá afectado internacionalmente por ejemplo el rótulo de Uruguay Natural y si al fin de cuentas no estaremos cambiando una dependencia por otra, cuando contamos aún con recursos naturales alternativos sin explotar.
Este es precisamente el desafío que deberá afrontar la comisión multipartidaria, en una ponderación que siempre va a terminar en controversia, porque el tema es polémico y en ninguna parte del mundo ha sido zanjado sin resistencia en uno u otro sentido. Y Uruguay no será la excepción, por cierto.
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