Opinion | 07 Mar En medio de un escenario ya decididamente preelectoral, cuando los precandidatos de los respectivos partidos preparan y/o ya están lanzados en las respectivas campañas para las elecciones internas, ha pasado casi desapercibido el reciente acto de entrega al presidente Tabaré Vázquez de las poco más de cien mil firmas que recogieran los integrantes del movimiento reeleccionista para plebiscitar una reforma constitucional que ameritara la reelección presidencial y por ende postular al actual mandatario para un segundo mandato.
En realidad, esta decisión del movimiento no ha sorprendido a nadie, desde que la campaña fue languideciendo y luego agonizando cuando los seguidores de Vázquez asumieron que pese a la ambigüedad del principio, en que parecía incluso que el jefe de Estado daba luz verde a esa campaña, el presidente de la República dejó más o menos en claro que no es de su interés llevar adelante una postulación, y que en alguna medida esa actitud reflejaba su grado de malestar con el rechazo del congreso del Frente Amplio a respaldar a quien considera la mejor opción para intentar un segundo mandato de la coalición de izquierdas, el senador Danilo Astori.
En las últimas semanas, el grupo inicial proreelección, del que formaban parte incluso cinco ministros, así como connotados dirigentes de la fuerza de gobierno, incluyendo entre otros al intendente de Paysandú Julio Pintos, fue perdiendo entusiasmo y en la misma medida ocurrió con la militancia en su esfuerzo por reunir firmas para iniciar el azaroso proceso de reforma constitucional para intentar ungir a Vázquez nuevamente como presidente.
En realidad, seguramente el grado de apoyo al actual presidente dentro de la coalición de izquierdas es mucho mayor que las poco más de cien mil firmas recogidas, teniendo en cuenta que el mandatario es seguramente la única figura de consenso en su partido, por lo que esta magra respuesta indica que el desencanto en muchos frenteamplistas y en quienes recogía las firmas fue ganando terreno rápidamente cuando el presidente no dio señales, en el último tramo, de su interés en postularse.
Con esta actitud, que habla en su favor, el presidente de la República le ha ahorrado serios problemas a la institucionalidad del país, y evitado un largo y ardoroso debate entre defensores de posiciones que seguramente se irían radicalizando con el paso de las semanas y los meses de cara a la elección nacional, desde que el único mecanismo posible para promover la reelección era el de plebiscitar simultáneamente con las elecciones de octubre de este año una reforma de la Carta Magna que apuntara a instituir la figura de la reelección, como se hiciera en 1971 por el movimiento releccionista en apoyo al entonces presidente Jorge Pacheco Areco.
Peor aún, en aquel entonces la Constitución no establecía como requisito que los candidatos surgieran de elecciones internas, por lo que ya la postulación implica en sí una violación de lo establecido en la Carta Magna y un motivo adicional de polémica.
Pero seguramente el motivo más contundente en contra del invento reeleccionista de los vazquistas fue el promoverlo con nombre propio, apuntando a que el mandatario tuviera la posibilidad de presentarse para un segundo mandato consecutivo, expresamente prohibido en la Constitución. Además implicaba que de seguir adelante con el intento se debería instrumentar la presentación de dobles juegos de listas, es decir por el sistema vigente y por el régimen propuesto, lo que implica un alto grado de potencial confusión que muchos atribuyen fue el factor que motivó en 1971 que hubieran más votos que votantes, y eventualmente hacer la diferencia para que Juan María Bordaberry resultara electo presidente, en el marco de una polémica que nunca quedó saldada.
Es decir que por la motivación que sea, el actual presidente, al desistir de su eventual postulación, haya sido este su motivo o no, le ha ahorrado momentos muy difíciles al país y radicalizaciones inconducentes. Ello no quiere decir que esté cerrado el debate por la reelección presidencial, desde que existen argumentos contundentes y valederos tanto a favor como en contra de incorporar esta figura, que existe en muchos países democráticos.
Pero este debate debe darse sin campañas con nombre propio, como lamentablemente se ha dado en nuestro país, y en un período lo más alejado posible de los tiempos electorales, para que en caso de aprobarse una reforma constitucional ésta rija en el siguiente período de gobierno, de forma que la decisión que adopten los partidos y la ciudadanía cuando sea convocada a las urnas, esté despojada de intereses electorales, tanto de personas como de partidos, como debe ser.