Paysandú, Sábado 14 de Marzo de 2009
Locales | 08 Mar (Por Enrique Julio Sánchez, desde Estados Unidos) Hace pocos días cayó la última nevada, provocando una acumulación de nieve de entre 25 y 35 centímetros en la región noreste de los Estados Unidos. Pero, aparentemente, el invierno está en plena retirada, mientras avanza confiada la primavera, con sus flores, sol y --cómo no-- alergias, un mal muy común en esta zona.
Pero ni la primavera podrá con los problemas que enfrenta la sociedad toda. En Puerto Rico, estado asociado, 30.000 funcionarios públicos enfrentan el despido ante un imprescindible recorte presupuestal. En California las cosas siguen de mal en peor y Wall Street continúa en caída libre.
Y las familias comunes y corrientes ven, sin poder hacer mucho, como paulatimanente se reducen sus ingresos, al tiempo que pierden horas de empleo.
La semana laboral acabó con otra nota amarga, con un reporte de que desaparecieron 651.000 empleos estadounidenses más y una tasa de desempleo que subió a 8,1%. Fue la tasa más alta en más de 25 años, mientras la recesión continúa ejerciendo presiones enormes sobre las familias y el sector productivo.
La situación está tan dificil que ya varios estados consideran abolir o al menos suspender la pena de muerte. Es que, aunque parezca que nada tiene que ver, sí está íntimamente relacionada con la crisis económica.
Durante muchos años la pena de muerte estuvo en discusión por temas morales, pero hoy por hoy lo único que preocupa es la economía.
Estudios gubernamentales indican que es mucho más barato mantener a un condenado a prisión perpetua sin derecho a liberación anticipada que proceder a su ejecución.
De los 36 estados en los que aún existe la pena de muerte, al menos ocho tienen pendientes proyectos de ley que la eliminarían: Maryland, Nebraska, Colorado, Nuevo México, Montana, New Hampshire, Washington y Kansas. New Jersey inició el camino en 2007, por razones económicas, aboliendo la pena de muerte.
Es que los estadounidenses, hoy por hoy, ponen en primer lugar los problemas económicos y apoyan todo aquello que pueda reducir los pesados presupuestos públicos, lo que indirectamente debería reducir la presión fiscal sobre las familias, especialmente aquellas con ingresos anuales menores a un cuarto de millón de dólares.
Esto abre inmejorables posibilidades para los 12 millones de indocumentados.
Este “ejército en las sombras” participa muy parcialmente en la economía porque prácticamente no tiene posibilidades.
Si su presencia es legalizada, la inyección económica que le podrían brindar a la sociedad estadounidense sería muy importante, y vendría como anillo al dedo en una situación tan difícil como la que se vive. Por supuesto, no todos los sectores ven la situación desde este punto de vista. Los sectores ultra conservadores siguen aferrados a la doctrina de la ilegalidad, aunque esta carece de peso en la medida que los inmigrantes de hoy no tienen documentos simple y sencillamente porque el estado se niega a otorgárselos.
No siempre fue así. Oleadas migratorias anteriores recibían sus primeros documentos en los puertos por donde ingresaban. Pero, cada generación vive su realidad y a veces se olvida de la historia. Otro sector que se opone fuertemente al reconocimiento de un status legal para los indocumentados son los miles de integrantes del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes literalmente viven de la caza de indocumentados. Sin esa “misión” probablemente la mayoría quedaría desempleada.
Mientras tanto, con temor o sin él, los indocumentados se levantan cada mañana y salen a trabajar, o a buscar trabajo, persiguiendo el sueño americano, que a esta altura se ha convertido ya en la búsqueda de El Dorado.
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