Opinion | 12 Mar Uruguay podría contar con una central nuclear para generar electricidad en un período no menor a los diez años, siempre y cuando se logre acuerdo político en torno a su necesidad, se derogue la ley que prohíbe su instalación y se logre consenso social para dar este paso. Con ese panorama y teniendo en cuenta la seriedad con que la posibilidad debe ser tratada, los márgenes para incorporar potencia a la matriz eléctrica siguen estando muy acotados en el corto plazo.
El crecimiento de la demanda eléctrica, aun cuando haya una desaceleración de la actividad como consecuencia de la crisis internacional, supera claramente la capacidad de incorporar nuevas centrales, lo que se agrega a la ausencia de políticas de Estado que permitan trazar un derrotero en el mediano y largo plazo para suplir este déficit.
Actualmente, incluso con recuperación parcial de los embalses hidroeléctricos, el Uruguay está apelando a que funcionen a pleno las centrales térmicas y encima importa electricidad desde Brasil, lo que implica un gasto adicional en derivados del petróleo así como el pago de la factura a nuestros vecinos. Por otra parte, en tiempos normales el déficit energético es de 300 Mw, que deben importarse aún con las represas en plena producción. La diversificación y el aumento de la capacidad de generación eléctrica son un imperativo para el Uruguay desde hace mucho, pero lamentablemente las acciones desarrolladas con este fin han sido por lo menos erráticas e insuficientes, lo que explica que las únicas incorporaciones valederas para refuerzo de la potencia han sido centrales térmicas impulsadas por petróleo, como la central del Tigre, capaz de generar 300 megavatios pero a un alto costo.
Mientras se dispone a estudiar la factibilidad de erigir una central nuclear, con un gas que en buena medida sigue la tendencia de los precios del petróleo aunque resulte más barato, la estrategia del Uruguay debe apuntar a incorporar centrales a partir de energía renovable como la biomasa y el viento, para lo que es imprescindible ofrecer atractivos a los inversores. Y como UTE es el único dueño de las líneas de distribución, los operadores privados deben venderle la energía a través de lo establecido en la Ley de Marco Regulatorio, pero siempre y cuando el ente convoque a licitaciones con ese fin.
Jerarcas del organismo señalaron que la idea es tener en 2015 capacidad de generar 500 megavatios a través de energías renovables, pero una cosa es enunciar objetivos y otra actuar para cumplirlos, y ahí es precisamente donde está el debe.
Como bien señalan empresarios integrados en la Asociación de Generadores Privados de Electricidad, en casi tres años el organismo solo ha adjudicado a inversores la generación de 36 megavatios a partir de energías renovables como la biomasa y el viento, mientras falta adjudicar otros 24 megavatios para completar lo que iba a ser la licitación original.
Cuando la primera convocatoria UTE solo adjudicó 36, por considerar que los demás oferentes estaban por encima del precio que estaba dispuesto a pagar por el megavatio hora, por lo que impuso un valor que no estaba en el pliego de la licitación. El resultado fue que algunos oferentes procuraron mejorar la oferta, en tanto otros simplemente desistieron porque en esas condiciones sus empresas no cubrirían los costos y menos aún tendrían rentabilidad para encarar esta inversión de riesgo.
De esta forma, en los hechos el organismo enlenteció y hasta desechó ofertas que de ser atendidas con sentido común podrían haber habilitado que ya estuviera en marcha el doble de los proyectos, lo que no solo ha hecho perder un tiempo precioso sino que también ha significado un mayor desembolso, al tener que generar con fuel oil o comprar electricidad a países vecinos, lo que significa dilapidar divisas que bien podrían continuar circulando en nuestro país.
La alternativa que brinda el mercado ocasional es atractiva porque se vende energía al mayor precio del momento, pero esta posibilidad no alcanza a cubrir ni por asomo las necesidades del organismo, que ante el déficit está analizando la posibilidad de duplicar el parque eólico de Sierra de los Caracoles, en Maldonado, llevándolo a 20 megavatios.
Pero esa potencia es mínima comparada con las necesidades y todo indica que para llegar a generar 500 megavatios en cinco años, cuando se ha tardado tres en lograr 60 --que están solo un 2% del consumo de electricidad del Uruguay-, es preciso tener la disposición que ha faltado para promover nuevas licitaciones por una potencia significativa cada vez, porque a este paso no se llegaría ni a la mitad de este objetivo.