Opinion | 09 Mar El relevo de personas que están al frente de organismos cuestionados por su ineficacia y a veces incompetencia, despierta por lo general expectativas de un cambio en la conducción, y por lo tanto genera especial atención en el ciudadano común el perfil de gestión que el funcionario designado traza en su alocución inicial al asumir el cargo.
Es cierto que del dicho al hecho hay un largo trecho y este razonamiento es especialmente válido en materia política, donde en mayor o menor medida se es exagerado en la promesa y muy corto en el cumplimiento, lo que indica que lo que fue anunciado en esas circunstancias debe ser tomado con particular cuidado.
Uno de los organismos con los que el ciudadano común se siente involucrado es precisamente el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), ante el creciente problema de la minoridad infractora y la ausencia de políticas que muestren que algo significativo se está haciendo al respecto.
Por lo tanto deben evaluarse en este contexto las expresiones vertidas en el acto de asunción por la nueva presidente del INAU, Nora Castro, cuando puso énfasis en atacar más o menos veladamente a su antecesor, el padre Mateo Méndez, y en grandes líneas ratificar la política del gobierno en la materia, lo que realmente es un mal comienzo, más allá de las buenas intenciones y el perfil que le de a su gestión.
Esta factura que pasó al renunciante sacerdote, quien duró seis meses en el cargo, es el precio que debe pagar precisamente por ser ajeno a la política, que llegó al instituto con su propio equipo de once colaboradores e intentó aplicar en ese ámbito las experiencias que ha tenido en organizaciones sociales a las que atañe la minoridad.
Evidentemente el carácter especial de la minoridad infractora en el instituto que le tocó dirigir, sumado a la máquina burocrática y la corporación de funcionarios --que además no son suficientes y tienen capacitación muy limitada-- además de los consabidos problemas locativos y de recursos, fueron frustrantes para el sacerdote, quien al renunciar y denunciar que había corrupción y manejos irregulares, se ganó el rechazo automático de los integrantes de la fuerza de gobierno, muy poco propensos a reconocer errores que no sean ajenos.
Nora Castro prometió poco, lo que no está mal. Pero se manifestó en una línea de continuidad de las políticas que ha desarrollado el gobierno en la materia, lo que ya de por sí desinfla cualquier expectativa de cambio real para un escenario que no solo tiene como víctimas a los menores protagonistas de una situación social muy problematizada, sino también --y sobre todo-- a toda la sociedad, porque doscientos o trescientos menores muy peligrosos alcanzan para tener a una sociedad en jaque, con miles de víctimas de las acciones criminales de quienes pese a su minoría de edad, son consumados delincuentes.
Sin embargo, a juzgar por lo expresado por la nueva titular y su entorno, éste es un aspecto secundario y puede esperar a que supuestamente den resultado las políticas sociales del gobierno, que es la prioridad --como hasta el momento-- más allá de las víctimas que cueste esta forma ideologizada de evaluar la realidad, negándose a aceptar que la ciudadanía tiene sus buenas razones para reclamar que se haga algo al respecto.
Y el INAU ha fallado en todos los aspectos: en la reeducación, en la rehabilitación y en la contención de los infractores, que se escapan cuando quieren para volver a delinquir a sus anchas y a veces pasando meses antes de ser capturados y reintegrados, para nuevamente salir sin problemas y seguir atemorizando a los vecinos.
Tras una de las frecuentes revueltas en los hogares del instituto y la consecuente quema de colchones por los revoltosos, un lector sugería que en vez de comprarles nuevos deberían darles los quemados para dormir, como forma de hacerles saber que en la vida no se es absolutamente impune y que cada uno debe afrontar las consecuencias de lo que hace.
Es una visión de la realidad que se resiste a validar que el primer mensaje que reciben los infractores es que son impunes hasta para cometer delitos de sangre, y por ende desde la más temprana edad asumen como un derecho que todo les está permitido y pueden empezar a los 18 años con borrón y cuenta nueva, cuando en realidad no se les ha rehabilitado y solo se han perfeccionado para llegar a la cumbre de su carrera delictiva.