ESCRIBE EL DOCTOR RODOLFO CANABAL

Locales | 10 Mar  Desde que fue anunciada su realización, la idea formada al respecto por muchos compatriotas fue en el sentido de que, en esencia, el acto que el presidente de la República había dispuesto realizar en la vía pública el 7 del corriente mes de marzo, para informar a la ciudadanía en relación a su gestión, por su forma de realización sería un acto de naturaleza política. Algo que ciertamente no se compadece con las competencias presidenciales y que en realidad se debe considerar vedado al primer magistrado de acuerdo con lo que, expresa e implícitamente, emerge del conjunto de las normas insertas en la Constitución.
Si bien el propósito de informar a los ciudadanos es legítimo, y en verdad conveniente, en la medida en que quien gobierna explique con claridad y precisión el contenido y fines de las medidas gubernamentales que ha dispuesto, hacerlo en la forma de gran acto público, en plena vía pública, hasta con interrupción del tránsito y con dificultades para la circulación peatonal, le daba a su realización características que no son normales en los actos oficiales, y que se veían como aptas para afectarlo precisamente como acto oficial del gobierno. Para cumplir su legítimo propósito informativo existen otros medios aptos con igualmente amplias posibilidades de difusión.
Llamó también la atención a muchas personas el anuncio de tal forma de realización de dicho acto, tratándose precisamente del doctor Tabaré Vázquez, porque totalmente al margen de diferencias o disidencias  de índole político partidario, desde que asumió se había apreciado en su forma de actuar  públicamente una actitud sin duda equilibrada, ajena a la búsqueda de destaque público, pues sus apariciones, y en  general su trayectoria al frente del gobierno, se desenvolvían con naturalidad.
Pero el desarrollo del acto, o mejor dicho el contenido de su discurso, y particularmente su tono, no se adecuaron a lo que se había esperado como ajustado a un informe oficial del presidente de la República sobre los cuatro años de trayectoria presidencial.
En efecto: sin perjuicio de aportar muchos datos y elementos de juicio sin duda de acuerdo con la finalidad informativa del acto, lo esencial del discurso fue su tono, profundamente confrontativo, e implícitamente, cuando no expresamente, descalificador.
Si bien en lo relativo a lo informativo insertó numerosos ejemplos de decisiones que fueron acertadas, y que así habían sido reconocidas por especialistas en los diversos asuntos, y también, aunque no todas, por integrantes de sectores que políticamente son opositores a la fuerza política gubernamental, el discurso abundó en expresiones que, referidas a muchas situaciones favorables, o muy favorables acaecidas desde el 1º de marzo, fueron sustancialmente atribuidas al éxito de la ejecutoria y no a las muy  favorables condiciones prevalecientes internacionalmente desde 2003, que afortunadamente incidieron muy eficazmente para que el país pudiera superar las consecuencias de la crisis de 2002. Olvidó totalmente lo que al respecto oportunamente expresó quien ejerció, hasta el cambio ministerial de 2008, la conducción de la política financiera del gobierno, en el sentido de que se había recibido una situación eficazmente ordenada que facilitó a la nueva administración su conducción  y sus buenos resultados.
Limito a lo expuesto la muy sintética reseña de los fundamentos que me inducen a sostener, con profunda convicción, que el presidente incurrió en grave error al encarar como lo hizo el acto del 7 de marzo, pues sin perjuicio de haber sido un acto político, como públicamente lo reconoció quien hasta hace pocos meses ejerció la dirección ministerial de la hacienda pública, fue sin lugar a ninguna duda un acto de enfrentamiento político par- tidario y de descalificación a quienes ejercen la sin duda indispensable función de oposición política, vale decir, algo que le está vedado al primer magistrado.