Nacionales | 11 Mar El Senado aprobó en la víspera, por 25 votos en 27, la venia para designar a Nora Castro como nueva presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Para no otorgar la unanimidad, los blancos decidieron que Enrique Antía y Luis Alberto Heber votaran en contra. Previamente, la entonces diputada renunció a su banca en la cámara baja, tal como lo exigía el Partido Nacional.
Castro dijo a radio “El Espectador” que iniciará la tarea “con los oídos bien abiertos”. Admitió que es necesario indagar las denuncias, “en primer lugar por los chiquilines, en segundo lugar por los derechos de quien denuncia, porque hay gente, no digo que en esta institución pase, pero hay otras instituciones donde la gente no se anima a denunciar. Por el derecho del denunciante, el denunciado y el denunciante, y porque yo soy de quienes piensan que las instituciones tienen una dinámica y se pueden ir mejorando; y por el derecho de la ciudadanía: hay que informar a la ciudadanía siempre dentro de las normas del debido proceso”.
Respecto a las declaraciones del padre Mateo Méndez, ex director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, sobre hechos de corrupción en el INAU, aclaró que no conoce la carta de renuncia. Señaló que cuando se “tiene pruebas de que hay corrupción en algún organismo, lo primero que hay que hacer es investigar, todo de acuerdo al debido proceso que el derecho otorga”. En cuanto al problema de sobrepoblación en el INAU, Castro admitió que “el hacinamiento es contrario, en cualquier lugar que se dé, a todo proceso de rehabilitación, reinserción y por eso necesitamos recursos. Acá tenemos una limitante importante porque como ya la última rendición se votó hay que buscar recursos de otra manera. Dicho vulgarmente, vamos a tratar de encontrar, de ‘rascar’ de muchas modalidades”, añadió.
Castro dijo que en el marco de las políticas del instituto, es fundamental “respetar los intereses de estos muchachos, que no son angelitos, pero tampoco son hijos de Lucifer, son personas y tienen derechos humanos que hay que respetar. Es muy difícil la situación, porque a diferencia de otro tipo de instituciones privadas, alguien que está en el Interj, en cualquiera de las tres modalidades, lo único que tienen privado es su libertad. Esto a veces en la población no se entiende bien. A lo sumo, siendo menores que no tienen el ciclo escolar terminado, sí tenemos la obligación de engancharlos y que se entusiasmen para que culminen su escolaridad”. Se manifestó en contra de bajar la edad de imputabilidad. “Hay estudios internacionales que muestran que en los lugares donde se ha bajado la edad de imputabilidad en realidad aumenta el número de infractores que se convierten en delincuentes. Entonces, también hay que poner estas barajas arriba de la mesa y considerar que no es lo mismo un adolescente común y corriente que un adolescente que está en este tipo de situaciones”, dijo.