Paysandú, Martes 17 de Marzo de 2009
Opinion | 14 Mar Mientras las cifras de exportaciones muestra que febrero se registró una caída por cuarto mes consecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas ajustará a la baja las previsiones de crecimiento de la economía uruguaya para este año y no descarta la posibilidad de que se configure un panorama recesivo en los dos primeros trimestres del año.
Precisamente el subsecretario de esta cartera, Andrés Masoller, consideró que el crecimiento de la economía en este año se situaría en el entorno del dos por ciento, cuando las proyecciones oficiales anunciadas en diciembre y que se habían mantenido incambiadas situaban el aumento de la actividad en un tres por ciento. Un punto porcentual puede parecer poca cosa, pero en este caso se trata nada menos que de una reducción del 33%, en un ajuste primario y que naturalmente refiere a previsiones y no a certezas, desde que en este escenario tan complejo y con rebrotes proteccionistas en las naciones desarrolladas y en la región --caso concreto de Argentina-- las proyecciones no pueden basarse en parámetros certeros y por tanto están sujetos a correcciones permanentes.
El jerarca también dejó entrever la posibilidad de que el Producto Bruto Interno registre dos trimestres consecutivos de caída, lo que define técnicamente la entrada en recesión, en tanto también estimó que el déficit fiscal estaría cercano al 2%, cuando en diciembre las proyecciones del ministerio eran del 1%.
Estas consideraciones están en sintonía con las reflexiones que formuló durante su reciente acto el presidente Tabaré Vázquez, cuando reconoció que la crisis nos va a golpear pero subrayó que no habrá ajuste fiscal y que los sectores de menores ingresos no van a pagar su costo. Los enunciados del mandatario suenan muy bien para la tribuna ante la que los pronunció, pero se cuidó muy bien de señalar quiénes van a pagar este costo y sobre todo cuándo, porque evidentemente no hay voluntarismo que pueda evitar que la crisis nos golpee, con su secuela de desempleo, merma de actividad y de ingresos.
Claro, implícitamente pudo haber querido decir que no va a tener estas repercusiones durante su mandato, que expira el 1º de marzo de 2010, pero sí las va a tener quien le suceda en el cargo, y en mucho mayor medida, porque se han postergado medidas preventivas que debieron adoptarse a mediados de 2008.
Por tanto, el mandatario no está eximido de responsabilidades por la imprevisión de su gobierno y de no haber asumido que vamos a pagar las consecuencias del gasto público exorbitado que incorporó en 2008 y en la Rendición de Cuentas para este año, sobre la base de una recaudación proyectada en época de bonanza, que se esfumó ya sobre fines del año anterior y que ha incorporado gastos fijos que deberemos pagar todos --también los que menos tienen-- en medio de una recesión que esperamos sea lo más breve posible.
Masoller intenta explicar que “las cuentas públicas presentan un grado de fragilidad y vulnerabilidad importante”, porque “los últimos datos del nivel de actividad del país, sobre todo los del comercio exterior, que no han sido buenos, y el impacto de la sequía, que ha sido más agudo de lo previsto”, justifican un ajuste a la baja de las estimaciones oficiales de crecimiento.
Esos datos son reales, pero no explican la vulnerabilidad que tiene nuestro país en este trance, cuando hasta hace poco el ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sostenía que el Uruguay estaba prácticamente “blindado” ante la crisis.
El factor agravante ha sido la ligereza con que el gobierno ha actuado en lo relativo al gasto público, porque en su momento --seguramente como la gran mayoría de los uruguayos-- no pensó que iba a cambiar tan rápidamente el escenario internacional favorable que había acompañado a esta administración desde que asumió.
Y así contrajo y mantiene compromisos suicidas, muy difíciles de atender cuando se ha prometido el oro y el moro a la dirigencia sindical que nuclea a las corporaciones de funcionarios públicos, y recién ahora el Poder Ejecutivo está reclamando a los ministerios y dependencias del Estado un ahorro mínimo del 5% en los gastos.
Esa es una medida tardía, que no alcanza para compensar la imprevisión y ligereza con que ha manejado el gasto, cuando debió ser en extremo prudente mediante medidas anticíclicas, y de poco y nada sirve que se diga que no va a haber ajuste fiscal ni que los más pobres no van a pagar la crisis, cuando va a ser exactamente al revés. Pero en tiempo diferido, porque nadie hace milagros en las cuentas ante la porfiada realidad, aunque sí se volverá a “tirar la pelota para adelante” en año electoral, como tantas veces.
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