Opinion | 19 Mar Aunque con por lo menos un trimestre de atraso en cuanto a la oportunidad, el Poder Ejecutivo ha anunciado medidas de apoyo a sectores exportadores que ya resultan golpeados por los efectos de la crisis financiera internacional, mientras al mismo tiempo Argentina insiste con sus medidas de traba a las importaciones y constituye un frente adicional, de carácter regional, en esta problemática que afecta a sectores productivos nacionales. Entre otras acciones evaluadas por el denominado gabinete productivo, el gobierno anunció esta semana medidas tendientes a mantener el nivel de empleo, así como “reforzar y resguardar” las capacidades productivas del país, para los sectores que resultan más perjudicados por el escenario internacional, donde se manifiestan los primeros proteccionismos y cierres de mercados.
Según señaló el ministro de Economía y Finanzas, Alvaro García, el plan de apoyo fue diseñado a partir del mantenimiento de los equilibrios de las cuentas públicas, e incorpora subsidios y reducciones impositivas focalizadas, con la expectativa de que las concesiones no tendrán un gran impacto fiscal.
En áreas como la industria textil y la vestimenta, así como las curtiembres y los fabricantes de autopartes, se resolvió aplicar un subsidio a las empresas para que capaciten a sus empleados a cambio de mantener los puestos de trabajo, y es así que según lo manifestado por el director nacional de Industria, Roberto Kreimermann, si una empresa decide capacitar a sus empleados una vez por semana, los costos salariales cubiertos correspondientes a esta jornada serán cubiertos por el subsidio estatal, provenientes de fondos con los que ya cuenta la Junta Nacional de Empleo, por lo que no habrá costos adicionales por ese concepto.
Por lo menos en este caso concreto, se nos ocurre que se trata de una medida pertinente y positiva para épocas normales e incluso de expansión de la economía, en busca de la excelencia, pero no precisamente durante una crisis, cuando las necesidades pasan por otros aspectos que refieren a las posibilidades de colocación de la mercadería y la consecuente ecuación económica del emprendimiento, y por cierto que esta innovación no cambia para nada este escenario.
Otra resolución apunta a promover la capacitación de trabajadores de otros sectores con beneficios fiscales, y de esta forma los gastos de capacitación en los que incurra una empresa serán computados por una vez y media cuando se deba liquidar el pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).
En la misma dirección, es intención del Poder Ejecutivo promover la creación de empleo al computar por una vez y media los costos asociados al aumento simultáneo de personal ocupado y masa salarial para la liquidación del IRAE.
Un aporte positivo, indudablemente, pero también si lo ubicamos en el contexto de un escenario normal, y no precisamente en un momento en el que está en juego la propia sobrevivencia de las empresas. Es decir que el reconocimiento de la incipiente crisis da lugar a medidas que en realidad debieron haberse promovido en el escenario anterior y no cuando ya estamos ante hechos consumados o en vías de serlo, aunque siempre queda latente la esperanza de que la sangre no llegue al río.
Son igualmente valederas para todo tiempo las disposiciones que apuntan a exonerar de aportes tributarios a la fabricación de equipos para el desarrollo industrial, sobre todo destinado a la generación de energía y de equipos de maquinaria agrícola, aunque siempre y cuando demuestren “un correlato” de mano de obra y de tecnologías, a lo que se agrega aumentar del 4 al 8 por ciento el adelanto que deben realizar los importadores de vestimenta y calzado sobre la liquidación del IRAE, como forma de proteger al sector local.
Aún así, el “sacrificio fiscal”, como mencionó el ministro, es mínimo, cuando en realidad la demanda de los empresarios pasa por la reducción real de la carga impositiva mediante medidas como un alivio en los aportes patronales y en los costos de la energía y servicios públicos, entre otros items que inciden en los costos de producción y la competitividad.
Pero claro, para ello se necesitaba el manido “espacio fiscal”, que debe provenir de medidas anticíclicas para permitir que las empresas mantengan su personal y cierta rentabilidad para subsistir. El gobierno se ha quedado sin ese espacio porque gastó todo el aumento adicional de recaudación y se ha quedado sin posibilidades cuando la crisis surgió antes de lo previsto, es decir de las elecciones de octubre.
Y por lo tanto aparece con este conjunto de medidas que siempre son positivas, pero a todas luces insuficientes y avaras ante la entidad del problema, solo porque se ingresó en el facilismo del gasto alegre en lugar de atender las advertencia que surgieron ya a partir de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, a principios del año pasado.