Opinion | 21 Mar El año electoral no es el mejor momento para encarar determinadas iniciativas ni sancionar leyes de carácter polémico, aún cuando en este período se de la particularidad de que el gobierno cuenta con mayorías parlamentarias prácticamente regimentadas, aunque no siempre seguras. Empero, hay temas que deberían estar por encima de consideraciones partidarias, y a esta altura nadie debería tener dudas de que la inseguridad y la minoridad infractora es uno de los que atraviesa transversalmente la sociedad y por tanto debe merecer como nunca la atención de todos los poderes del Estado.
Por supuesto, solo alguien que no viva en este país o que tenga particular interés en ocultar lo que todo el mundo ve puede reafirmar una y otra vez, como lamentablemente ocurre, que estamos más que nada ante una “sensación térmica” respecto a la inseguridad, o como señalara el presidente Tabaré Vázquez, que la prensa es responsable por magnificar la “crónica roja” pues no han aumentado los delitos, sino cambiado su tipología.
Y más allá de los eufemismos e intentos de salvar cada uno su cuota de responsabilidad por esta situación, que las hay --y deben buscarse dentro del oficialismo, sobre todo en el Ministerio del Interior-- estamos ante una realidad que desborda todo intento de ocultarla o camuflar por intereses ideológicos.
Al asumir su cargo, la nueva presidenta del Instituto Nacional del Menor (INAU), Nora Castro, a la vez de reconocer que se está ante un gran desafío, subrayó que habrá continuidad en las políticas que se han venido desarrollando en el tema, que comprende mucho más que la minoridad desvalida, desde que la condición de inimputables por no tener mayoría de edad es el gran problema que no termina de reconocer el gobierno como un gran flagelo para una sociedad en que las víctimas no están solo del lado de los infractores, como se pretende hacer ver. Estos, en muchos casos delincuentes consumados, usan y abusan de su condición de inimputables al amparo de una legislación y tolerancia que han saturado a la ciudadanía, la que felizmente ya no se traga así nomás las piruetas verbales de integrantes del gobierno que tratan de interpretar todo lo que ocurre a su alrededor mediante su ideología o amoldarlo a ella, cuando la realidad es mucho más compleja y llena de grises.
Así, apelan una y otra vez al origen social del problema, que por supuesto lo tiene pero no como causa exclusiva. Tampoco corresponde desestimar, como hacen las autoridades, la violencia desa tada por los antisociales que se escudan en su minoría de edad para agredir, rapiñar, robar y asesinar sin miramientos a vecinos indefensos, ante una Policía maniatada, una Justicia que cuenta con instrumentos legales obsoletos y organismos como el INAU que no tiene dependencias adecuadas para contención y rehabilitación de los infractores. Recientemente la oposición propuso que institucionalmente se separara el Interj (Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil) del INAU, para poder trabajar mejor y dejar que éste se encargue de su competencia específica de carácter social, lo que en realidad es un planteo pertinente, para empezar a encarar el problema desde otra perspectiva. Y decimos empezar, porque sacar a la minoridad infractora de un instituto desprestigiado, que no está a la altura de las exigencias, es el primer paso imprescindible para tener respuestas más o menos a tono con los requerimientos. La nueva presidenta del INAU se manifestó contraria a esta posibilidad, pero en cambio en declaraciones a EL TELEGRAFO el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, consideró a título personal como impostergable que se separe el INAU del Interj, así como adecuar los instrumentos a los desafíos que plantea el tratamiento de la minoridad, lo que debería hacerse a partir del próximo período de gobierno. Es cierto que el jerarca opina más o menos en sintonía con la visión del gobierno, pero reconoce la inconsistencia de la institución para encaminar las cosas, que es el punto de partida sine qua non para intentar cambiar la pisada.
Al mismo tiempo que se necesita atacar las causas a través de políticas dirigidas a educar y promover oportunidades y valores en áreas marginales, también es preciso proteger a la población indefensa de quienes tienen licencia para delinquir y hasta para matar, ante un sistema que está paralizado por contradicciones.
Para ello es preciso que el Interj tenga dependencias adecuadas para contener y rehabilitar a los infractores, provistas de recursos materiales y humanos a tono con la tarea.
Paralelamente, es necesario analizar reformas sustanciales a la leyes que sobreprotegen a la delincuencia, empezando por bajar la edad de imputabilidad para determinados delitos y desterrar por fin el mensaje de que pueden delinquir con impunidad absoluta, porque la sociedad es la culpable de que “tengan” que agredirla como sea.